El Concello de Pontevedra llegó a financiar el 100% de la feria Pomóvil de 2011 organizada por la ya extinta Cámara de Comercio de Pontevedra, a pesar de que el máximo subvencionable por parte de la administración local no podía exceder del 50% del coste total del evento, tal y como se recogía en el convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones.
Claro está que el ayuntamiento desconocía en aquel momento que con esta subvención otorgada se iba a cubrir el coste total del evento, dado que el presupuesto y las facturas justificativas remitidas en su día por la entidad cameral a la administración eran por cantidades muy superiores con el objetivo, precisamente, de obtener un mayor porcentaje de financiación de los fondos municipales. Así se desprende del escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal contra la exsecretaria de la antigua Cámara, María Rosario Lorenzo Pontevedra, y el responsable de la empresa organizadora de estas ferias, Manuel Cabada, a quienes acusa de la comisión de un presunto delito de fraude a la administración, en concurso medial de otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Unos hechos por los que la Fiscalía de Pontevedra reclama una pena de cinco años de prisión para Rosario Lorenzo y de tres años para Manuel Cabada.
En total, la Fiscalía de Pontevedra detectó que la Cámara de Comercio obtuvo más financiación de la estipulada en virtud de los convenios alcanzados con el Concello en cuatro de los seis eventos feriales organizados por la entidad cameral entre 2009 y 2011 que contaron con el apoyo municipal a través de un convenio de colaboración suscrito anualmente.
Ferpalia y Pomóvil
Así, por ejemplo, la organización de Ferpalia en 2011 (feria dedicada al sector turístico); se presentó un presupuesto al Concello de 116.000 euros, de tal forma que el gobierno local aprobó una ayuda de 39.000 euros, una aportación que estaría por debajo de ese máximo del 50% que sería subvencionable por el ayuntamiento. De hecho, se llegaron a emitir facturas que se presentaron al Concello para justificar las ayudas que sumaban 128.000 euros, pero la Cámara tan solo llegó a abonar a la empresa organizadora la cantidad de 42.212 euros, es decir, lo que supone que este fue el coste real del evento y que el Concello, por lo tanto, sufragó el 92% del mismo.
Este máximo subvencionable por parte del Concello también se superó en la organización de Pomóvil del año 2010. En aquel entonces el responsable legal de la empresa organizadora del evento, Grupo Norte, elaboró una factura ("faltando a la verdad", según el fiscal) de 81.066 euros. Factura que, a pesar de que todavía no había sido abonada por la Cámara, esta entidad presentó en el Concello para justificar el gasto. Sin embargo, el coste real de la feria fue de 18.000 euros. Posteriormente, el Grupo Norte emitió una factura rectificativa de la anterior que no fue presentada por la Cámara al Concello por un importe negativo de 63.000 euros. Teniendo en cuenta que la subvención concedida por el Concello era de 10.000 euros y el coste real de la feria fue de 18.000 euros, se volvía a incumplir este máximo subvencionable del 50% al aportar el Concello el 56% del coste del evento.
Esta misma situación se repitió en 2011 con la ya citada feria de Pomóvil. El Concello aportó 15.000 euros para una feria que supuestamente costó 81.066 euros, según la factura presentada ante la administración local. No obstante, el coste real fue de 15.000 euros (es decir, la misma cantidad aportada por el Concello) tal y como explica el fiscal tras señalar que Grupo Norte emitió posteriormente otra factura rectificativa por importe de -66.066 euros.
Algo similar ocurrió con Ferpalia 2011, en donde el coste inicial iba a ser de 101.000 euros, contando con una aportación del Concello de 40.000 euros. Sin embargo, finalmente el coste fue inferior y el Concello abonó el 57% del presupuesto de la feria, un evento que además contó con otros 20.000 euros de subvención por parte de la Diputación.
En su escrito, el fiscal destaca que en mayo del pasado año el Concello incoó un procedimiento administrativo de reintegro de parte de las subvenciones concedidas a la Cámara de Comercio de conformidad con los convenios suscritos en 2010 y 2011 (no así el de 2009, en donde según el fiscal también hubo alguna irregularidad), devolviendo la entidad cameral a las arcas municipales 34.772 euros que habrían sido percibidos de forma incorrecta. El Concello manifestó al juzgado recientemente "no tener nada que reclamar" tras esta devolución.
Posible prevaricación
El escrito de acusación del fiscal, como ya adelantó FARO el pasado domingo, formula también acusación contra el expresidente de la Cámara, Ricardo Mirón, y contra la exsecretaria Rosario Lorenzo, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de la organización de los eventos a esta misma empresa, al entender que se realizó sin seguir los procedimientos los requisitos de publicidad, concurrencia y objetividad. En su caso, la pena que solicita el Ministerio Público es la de inhabilitación por espacio de 9 años para el ejercicio del cargo de presidente de Cámara de Comerio o secretaria cameral respectivamente.
Por último, todo hace indicar que en este caso serán los magistrados de determinar finalmente si los acusados incurrieron o no en los delitos que les atribuye el fiscal debido a las elevadas penas de cárcel que solicita, especialmente en lo que se refiere a la exsecretaria de la antigua Cámara. De hecho, el juzgado de instrucción número 1 que investigó este asunto ya ha dictado el pasado miércoles auto para la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado y dar traslado de las actuaciones al tribunal provincial.
Acusación popular
Además de la acusación pública que ejerce el fiscal, un empresario de la demarcación cameral se encuentra también personado como acusación popular. Unas acusaciones que solicitan la comparecencia en el juicio de una larga lista de testigos, desde cargos de los distintos órganos de la antigua Cámara a funcionarios municipales como el secretario del Concello o representantes del Consello de Contas.
