El presupuesto se ha disparado por la necesidad, según la Diputación, de resolver "deficiencias" en el primer diseño, como mejores accesos a algunas viviendas. Además, careció de permiso ambiental hasta diciembre de 2016, pese a que estaba adjudicado desde un año antes, y tampoco contaba entonces con el informe de la Axencia Galega de Infraestruturas, toda vez que el vial entronca con dos carreteras autonómicas. Este organismo ordenó efectuar diversas correcciones en las conexiones con la PO-542 y con la carretera de Ponte Caldelas.
Por su parte, también se elevó el importe de las expropiaciones, ya liquidadas a la espera de alguna reclamación por las valoraciones, debido, según Mosquera, a que no se habían tenido en cuenta todos los terrenos y sus bienes afectados y, sobre todo, por la presencia de dos torretas eléctricas en pleno trazado, no contempladas en el proyecto original y que hay que reubicar.
