Se aprobó hace unos meses para sacar adelante proyectos que permanecen bloqueados, con la vista puesta en planes como la ampliación de las instalaciones de PSA Citroën en Vigo, o la futura estación intermodal en la misma ciudad, pero la Xunta quiere exprimir al máximo su ley de medidas en materia de proyectos públicos urgentes o de especial interés, la denominada ley exprés en materia urbanística.
Así, esta normativa, pensada para sacar adelante actuaciones en localidades con el PXOM suspendido o desfasado (el primer caso se registra en Vigo y el segundo, en Pontevedra), se aplicará por vez primera en la ciudad para agilizar y dar cobertura urbanística a la remodelación integral pactada entre la Xunta y el Concello en la estación de autobuses y todo su entorno. Se trata de invertir unos dos millones de euros en la modernización de la propia terminal, crear una conexión peatonal con la ferroviaria, reordenar los espacios públicos colindantes y abrir un nuevo ramal de acceso para autobuses desde la calle Josefina Arruti, todo ello con un presupuesto estimado de unos cuatro millones de euros.
La intensión es que este mismo año esté cerrado el proceso de modo que pueda licitarse y ejecutarse a lo largo de 2018 y, previsiblemente, en 2019. En caso contrario se teme que el proceso pudiera alargarse en el tiempo, ya que sería necesaria una más amplia tramitación urbanística. El convenio marco remitido por la Consellería de Infraestruturas al Concello ha sido corregido en los últimos días para incluir esta cláusula. En concreto, se detalla que la Xunta se compromete a "poner a disposición todos los instrumentos legales existentes para facilitar la tramitación urbanística necesaria para dar cobertura a las actuaciones previstas en el presente convenio marco de colaboración".
Según fuentes autonómicas, este párrafo se traduce en la inclusión de la citada ley exprés en el proceso, con el fin de agilizar al máximo todo el trámite. Aunque estas medidas urbanísticas sirven para desbloquear asuntos pendientes en Vigo cuyo promotor sea público, el gobierno gallego ya aclaró en su día que se utilizará para "blindar" proyectos estratégicos en toda la comunidad autónoma cuando no estén contemplados en los planeamientos urbanísticos, como es el caso del de Pontevedra, en cuyo PXOM no figura el ramal de acceso desde Josefina Arruti. Además, permite a la Xunta acelerar la justificación de los fondos europeos para "intermodalidad" que se aplicarán en este caso.
Aunque el convenio marco presentado al gobierno local no establece cifras concretas (solo dice que la Xunta aportará el 75% y el Concello el 25% restante), sí se ha cerrado entre ambas administraciones un principio de acuerdo valorado en cuatro millones de euro.
El gobierno local ya se mostró dispuesto a aportar ese porcentaje (que podría ser de un millón de euros) con la garantía por escrito de que cualquier ahorro en la licitación y adjudicación se aplicaría sobre la cantidad municipal, garantía que sí figura en el documento.
De este modo, el Gobierno gallego acometerá una reforma profunda de la estación de autobuses, muy deteriorada pese a los "parches" de los últimos años, y mejorar la conexión peatonal entre este terminal y la del ferrocarril. Por su parte, el Concello logrará retirar los autobuses de la fachada de la estación y desviarlos por el futuro acceso, al Sur de la terminal.
En un diseño planteado en febrero pasado, aún pendiente de revisión, se incluían las propuestas autonómicas para conectar peatonalmente las dos estaciones, mediante una "pérgola", y mejorar la de autobuses, pero también la apertura del nuevo acceso, mientras que el Concello insiste en que se retire la cubierta sobre el río de Os Gafos en la zona que ahora sirve de salida rodada de ese recinto.
