La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) confirmó ayer que convocará a los estibadores a la huelga a partir del 24 de mayo si el Gobierno mantiene el nuevo real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros y si no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad de la estiba. Durante las próximas tres semanas, los paros están convocados para los lunes, miércoles y viernes, en horas alternas.

El coordinador general de la CETM, Antolín Goya, anunció en rueda de prensa que han decidido mantener el preaviso de huelga al entender que el real decreto ley aprobado el pasado viernes pretende "liberalizar el sector y despedir a los estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros en unas condiciones mucho menos atractivas para los trabajadores y mucho más rentables para las empresas".

Goya afirmó que la actitud del Gobierno "está dejando mucho que desear", pues lleva cuatro meses diciendo que la multa sobre España es "inminente" y ésta no ha llegado. Por lo tanto, según el coordinador, "se pone de manifiesto que había tiempo suficiente para poder abordar una negociación y haber buscado una solución y cumplir con Europa sin que esto fuera un conflicto en los puertos y sin que se tenga que destruir el empleo en la manera que plantea el Gobierno".

Desde la Coordinadora consideran, además, que incluir el acuerdo del mediador en el real decreto ley supone una vulneración "clara" de la libertad sindical, pues afirman que se trata de una figura que ha sido "impuesta" por el Gobierno para "hacer buena" su posición, que incluye incluso una rebaja salarial. Del primer análisis del real decreto ley, según Goya, queda claro que la norma no es la ejecución de la sentencia del TJUE, sino que "va mucho más allá" de lo que ésta requiere.

El coordinador reconoce avances positivos como la formación al incluir un periodo de prácticas específico en los puertos; el mantenimiento de los ámbitos de actuación de los estibadores portuarios, y la supresión de la bonificación de los contratos temporales, que consideraban un "atropello".