El juzgado de instrucción número 3 de Cangas acaba de dictar un auto en el que decreta el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por prevaricación administrativa contra el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro; y su concejal de Urbanismo, Ricardo Acuña. Según detalla en dicho auto el magistrado, una vez practicada una serie de actuaciones, entre ellas la declaración del regidor y del edil de Urbanismo así como otros testigos, “en modo alguno consta, que por parte del Alcalde, concejal de Urbanismo o de la Junta de Goberno se esté omitiendo dolosamente la actuación debida para favorecer a un determinado vecino, en perjuicio de la denunciante”.

Cabe recordar que el caso surge a raíz de una denuncia de una ciudadana de Vilaboa contra otro vecino por la construcción de un muro y un galpón. A pesar de las instrucciones dadas por la APLU al Concello para que actuase para restablecer la legalidad urbanística tras esta denuncia, el Concello demoraba su intervención, de ahí que esta persona formulase esta denuncia por un presunto delito de prevaricación por omisión.

El juzgado entiende que de las diligencias practicadas se desprende “que ha existido un retraso difícilmente justificable, pero eso no quiere decir que dicha falta de respuesta o, más bien, de eficacia en el actuar del ayuntamiento pueda ser penalmente reprochable”. Considera el juez que más que una omisión voluntaria y dolosa por parte del ayuntamiento, la paralización de este asunto obedece más bien a “problemas organizativos y de medios en el nivel funcionarial que amplían el tiempo de respuesta a las denuncias por infracciones urbanísticas, no detectándose ninguna actuación obstructora o conscientemente dilatadora por parte de los órganos decisorios municipales”.

Añade el juzgado que además es “incierto que haya existido una total inactividad por parte de la administración municipal” dado que sí incoó un expediente administrativo en el que se acordó suspender inmediatamente las obras. La distinta interpretación en cuanto a las competencias en materia urbanística entre APLU y Concello, así como el elevado número de expedientes que tramita Vilaboa, la ausencia de algunos funcionarios por vacaciones algunas bajas “ha hecho que se haya producido un retraso en la solución del problema planteado que parece que a día de hoy se están intentando arreglar, dado que como reconoce el denunciante se ha incoado un nuevo expediente”. El auto del juzgado no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia.