España sigue pendiente de posibles sanciones procedentes de la Unión Europea por el deficiente saneamiento de diversas aglomeraciones urbanas costeras, entre ellas la de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu. El pasado 10 de marzo de 2016 el Tribunal de Justicia Europeo sentenciaba que la administración española estaba incumpliendo las leyes de la Unión en cuanto a saneamiento de aguas residuales urbanas y la Comisión emplazó a España a ejecutar el fallo y cumplir la normativa. Desde entonces no se tenían noticias de este proceso hasta el pasado 3 de mayo, fecha en la que está firmada una respuesta del Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, a una pregunta del eurodiputado socialista José Blanco.
En ella, Vella desvela que tras aquella sentencia la Comisión requirió a España documentación sobre el cumplimiento de la sentencia y explica que la documentación remitida entonces por el Estado español no hizo sino "confirmar que "no había adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 10 de marzo de 2016".
Nuevo requerimiento
Añade el comisario de Medio Ambiente que "en consecuencia, el 30 de septiembre de 2016 la Comisión remitió a España un escrito de emplazamiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", que regula la respuesta ante incumplimientos de los estados miembros y las posibles sanciones por ellos. Bruselas añade que ya han recibido una nueva respuesta por parte de España con las medidas a adoptar para cumplir el fallo y que esta "es actualmente objeto de evaluación interna por los servicios de la Comisión".
