El pasado mes de marzo la nueva situación parlamentaria abría la puerta a posibles cambios en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, bautizada popularmente como "Ley Mordaza". De momento, desde su entrada en vigor a mediados de 2015, es difícil comparar su impacto respecto a la normativa anterior, pero el primer ejercicio completo bajo la aplicación de la polémica norma permite comprobar tendencias como un posible alza de las sanciones por faltas de respeto a los agentes de las Fuerzas de Seguridad o la imposición de las primeras multas por algunos de sus artículos más polémicos, como la toma de imágenes de efectivos de la Policía o Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones.
En la provincia de Pontevedra, durante el pasado año 2016, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana supuso la imposición de 4.637 sanciones por una cuantía de 3.141.061 euros. La mayor parte, como ocurría anteriormente, son sanciones administrativas relacionadas con la tenencia y consumo de drogas en lugares públicos, comportamientos por los que las Fuerzas de Seguridad tramitaron un total de 2.783 sanciones el pasado año por cuantías que suman poco más de 2,2 millones de euros.
"Coches" de la droga
La nueva norma no solo castiga la tenencia el consumo, sino cualquier actividad que facilite el acceso a los estupefacientes. Así, en la provincia se impusieron el pasado año 16 sanciones a ciudadanos por el traslado, utilizando cualquier tipo de vehículo, de personas a sabiendas que estas iban a acceder a la compra de drogas. El ejercicio anterior, en solo seis meses de vigencia de la ley, se habían impuesto 4 sanciones. A estas 16 personas se les impusieron multas por valor de 9.600 euros en total. Por último, se registraron otras tres infracciones por el cultivo de drogas para autoconsumo y una docena más por la tolerancia la consumo de drogas en bares y otros lugares públicos.
El segundo bloque más importante de sanciones son aquellas que se refieren a otros de los artículos polémicos de la ley, las atribuciones que se les confirió a las Fuerzas de Seguridad a la hora de intervenir en cuestiones de orden público.
600 faltas de respeto al año
Aunque muy lejos de las infracciones por consumo de drogas, la segunda causa de multa más frecuente en la provincia es la que se encaja en el artículo 37.4, según el cual, se sancionan "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones". El pasado año en la provincia de Pontevedra se impusieron un total de 600 y la tendencia parece al alza dado que en seis meses en 2015 tan solo se habían registrado 65. De hecho, la recaudación por este concepto pasó de 19.450 euros en este segundo semestre de 2015 a los 171.051 euros que costaron a lo largo del pasado ejercicio a los infractores estas faltas de respeto hacia los agentes Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.
La tercera causa más frecuente de infracción en la provincia tiene también relación con la anterior, dado que se refiere a los casos de desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes o la negativa a identificarse. Se registraron el pasado año 474 sanciones (64 en seis meses de 2015) por una cuantía de 314.894 euros, según los datos que facilita Interior.
En este apartado de la intervención de las Fuerzas de Seguridad también cabe mencionar, por ejemplo, el polémico artículo que planteaba la posibilidad de multar a ciudadanos que tomasen imágenes o grabasen a efectivos de las Fuerzas de Seguridad durante sus intervenciones. El "uso no autorizado de imágenes o datos personales" de autoridades y agentes que puedan poner en peligro su seguridad personal o familiar fue utilizado en Pontevedra en dos ocasiones para imponer multas de 601 euros cada una.
La cuarta causa más común de multa en la provincia es la relacionada con la posesión de armas u objeto prohibidos, con un total de 385 sanciones por valor de 221.000 euros. En 19 casos se castigó la exhibición de los mismos con fines intimidatorios.
Otro apartado importante es el referido a los desórdenes públicos. Concretamente, las sanciones por este tipo de comportamientos o por obstaculizar con barricadas de cualquier tipo se castigó en 142 ocasiones en 2016 en la provincia, con multas por importe de 113.653 euros en su conjunto.
La norma también fue polémica por las sanciones que se prevén para las manifestaciones en torno a la sede del Congreso, Senado o los parlamentos autonómicos. En Pontevedra, evidentemente, no se aplicó este artículo, pero sí se impusieron nueve multas por la obstrucción a autoridades, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones.
Abandonos de animales
El vandalismo (deslucimiento o rotura de bienes tanto públicos como privados en la vía pública) ocasión un total de 85 sanciones, y dejar sueltos a animales feroces o dañinos o el abandono de animales domésticos en condiciones que pueda peligrar su vida, que fue otra de las novedades de la ley, motivó la imposición de un total de seis multas en la provincia durante el pasado ejercicio.
Ocupar inmuebles
La nueva ley también introducía un polémico artículo contra la ocupación de inmuebles. El pasado año en la provincia se tramitaron un total de siete multas por la ocupación de cualquier vivienda o edificio ajeno. Un apartado en el que también se incluye la ocupación de la vía pública para realizar labores de venta ambulante no autorizadas
