Carlos Otero está dispuesto a luchar por los "escasos" derechos de su gremio. Este brigadista antiincendios trabajó en el Concello de Poio en el año 2015 y por aquel entonces, no cobró el complemento de nocturnidad que le correspondía. Entonces, reclamó. Pero el Ayuntamiento alegó que en el convenio colectivo de personal municipal no se concretaba la cantidad y decidió evitar pagarle estos emolumentos. Hasta que en los últimas semanas, un juez le dio la razón al particular y condenó al Consistorio a abonarle algo más de 500 euros, entre la cantidad adeuda y los intereses de demora.

Ahora, Otero ha vuelto a llevar al Concello a los tribunales. Esta vez, por el proceso selectivo de contratación de la brigada antiiincendios en 2016. "Las bases del proceso selectivo se basan en una prueba física, en la experiencia laboral en cuestiones relacionadas con los incendios y en los cursos también relacionados con los incendios. Pero a mí estos cursos no me los valoraron. De hecho, solo le dieron validez al que había hecho en Poio y el resto no los contaron, cuando eso no lo pone en ningún lado", explica el brigadista.

De este modo, Carlos Otero volvió a apelar por esta situación y pese a que el Concello le dio "algo más de puntuación", esta seguía siendo "injusta" e insuficiente para entrar en un cuerpo que, desde el año pasado, se elige cada tres años. "Es que ahora no voy a poder entrar durante este trienio cuando yo tengo un baremo que me debería dar acceso", recalca.

El Concello no dio marcha atrás y ahora, un juez ha entendido que el proceso debe ir a juicio. Será en septiembre, en una de las salas de lo contencioso-administrativo. "No me queda otra. No lo hago por cuestiones políticas, sino por defender nuestros escasos derechos. Espero que esto siente un precedente", finaliza.