El alcalde de A Lama, Jorge Canda, trasladó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, su preocupación por la falta de compensación económica por parte del Estado a los municipios con centros penitenciarios y que usan habitualmente los servicios públicos municipales.
Canda insistió en la necesidad de que se arbitre una solución que palíe en parte el coste de los servicios que prestan los concellos a la población reclusa en materia de asuntos sociales, juzgado de paz, etc. En A Lama hay una población reclusa de unas 1.400 personas que requieren atención de servicios sociales locales, explicó.
