Portas paga la multa de 182.000 euros pendiente a una extrabajadora social

El magistrado entendió que el ente municipal no adoptó medidas de protección en un caso de amenazas que acabó en una agresión que le produjo incapacidad permanente

05.05.2017 | 03:19
Edificio Consistorial de Portas. // Gustavo Santos

El Concello de Portas hizo efectivo el pasado miércoles a la orden judicial del pago de 182.000 euros que tenía pendiente a una extrabajadora social municipal por no adoptar medidas suficientes de protección contra la mujer en un caso de amenazas que acabó con una agresión.

Un juzgado de lo Social de Pontevedra emitió esta sentencia en mayo de 2016 al entender que el Consistorio no llevó a cabo un protocolo de protección con una trabajadora social que estaba sufriendo constantes amenazas e insultos por parte de uno de los vecinos cuyo caso trató y que acabó sufriendo una grave agresión por parte del padre de uno de ellos que le ocasionó una invalidez permanente.

La sentencia fue clara a la hora de señalar la inacción del Concello en el momento en el que era alcalde Roberto Vázquez, quien además tenía discrepancias con la trabajadora por la manera en la que realizaba su trabajo, según varios testigos y la demandante.

El fallo judicial emitido por la magistrada del juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra permitió observar el calvario que sufrió esta mujer en su puesto de trabajo y que derivó en la grave agresión del 2 de julio de 2012. Una persona de etnia gitana, padre de una mujer con la que tenía cita ese día la trabajadora para tramitar una RISGA, la golpeó en un brazo en la entrada del Concello con una barra de hierro causándole una fractura abierta.

Incapacidad permanente

La agresión le dejó como secuela un trastorno de estrés postraumático y graves limitaciones de movilidad en el hombro, de tal forma que se declaró su incapacidad permanente.

Para la juzgadora, no existió "ninguna duda" de que el Ayuntamiento de Portas "tenía pleno conocimiento de que la trabajadora social estaba recibiendo amenazas e insultos" por la labor que realizaba de forma diligente y correcta, según el fallo. En el propio concello aparecieron pintadas en su contra que no fueron denunciadas y se le pincharon las ruedas de su coche. En aquel momento, y según se recogía en el fallo a raíz de la declaración de algunos testigos, también había "desavenencias" entre esta mujer y el alcalde puesto que este, al parecer, "pretendía imponer su criterio a la trabajadora social".

La jueza destacó la declaración de un guardia civil que actuó como instructor del atestado levantado a raíz de la agresión , que observó que "había un mal ambiente de trabajo" en el Concello. Dijo a la magistrada sentirse "impresionado" al constatar que, tras la agresión sufrida por esta mujer, cuando acudió a interrogar a los funcionarios municipales, ninguno aportó información asegurando que no había visto ni oído nada, algo que el agente consideraba imposible por la hora y el lugar de los hechos. Tampoco acudieron al juicio contra el agresor a declarar como testigos. La jueza consideró que esta situación de desavenencias de los usuarios de los servicios sociales con la trabajadora social no solo eran conocidas por el Ayuntamiento, sino que "podría decirse que tolerada".

De este modo, el Concello decidió emitir el pasado miércoles de forma definitiva la orden del pago, que sale directamente de las arcas municipales. El alcalde actual, Víctor Estévez, explicó que el equipo de gobierno había estudiado diferentes fórmulas para hacer frente a la orden judicial, como solicitar dinero al fondo de la Diputación, pero finalmente, se decidió hacer cargo al importe de forma unilateral: "No le queríamos pedir nada a nadie. Portas tiene un presupuesto de 1,9 millones de euros y esto es un duro golpe, pero ahora debemos apretarnos el cinturón".

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