Chelo Besada y Andrés Díaz recalcaron que la idea de ambos municipios es convencer a la Xunta de que serán ellos los encargados de pagar las expropiaciones porque "es la única manera" de sacar adelante los proyectos en la PO-308 y la PO-234. "Nos importa la seguridad vial. ¿Cuánto cuesta un muerto o un herido para el PP? A nosotros nos da igual. Pagaremos lo que haga falta", reiteraron ambos.
Díaz explicó que, en un principio, Ponte Caldelas podría tener que invertir 40.000 en las expropiaciones, mientras que Poio "quizá tenga que destinar algo más", aunque como aseguró Besada, "el importe todavía no está cuantificado". Ponte Caldelas espera ahora una respuesta de la Xunta y Poio entregará el documento al ente autonómico los próximos días.
