El polémica aeródromo de Godos, en Caldas de Reis, acaba de recibir un impulso por parte del Ministerio de Medio Ambiente al resolver que "no es previsible que el proyecto Campo de ultraligeros motorizados (ULM) vaya a producir impactos adversos significativos". De este modo, un proyecto que ha estado salpicado de denuncias, precintos urbanísticos e incluso demoliciones, logra salvar un nuevo trámite, con la condición de que se cumplan "los requisitos y restricciones que se desprenden de la presente resolución, así como todos aquellos que se establezcan en las preceptivas autorizaciones, a obtener de los correspondientes organismos competentes, con carácter previo a la ejecución de las obras y puesta en explotación de la actividad".
Así se establece en una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, donde se detalla que "no se considera necesaria la tramitación" de una evaluación de impacto ambiental pero sí se insiste en que "debe entenderse que no exime al promotor de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles".
Este acuerdo llega después de cinco años de tramitaciones ambientales, ya que el ministerio recibió la documentación en abril de 2012. El plan original tuvo que ser modificado en varias ocasiones por diversos incumplimientos y advertencias de otras administraciones.
Medio Ambiente señala que contra la presente resolución ministerial, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Al margen de las autorizaciones que aún debe tramitar el promotor, el ministerio impone diversas exigencias para evitar que las obras tengan repercusiones sobre el entorno, y también impone que se cumplan las condiciones establecidas por otros organismos como Adif, ante las proximidades del trazado ferroviario del Eje Atlántico, una denuncia que también formuló en su día la formación Anova.
En la documentación ahora divulgada por Medio Ambiente se detalla que "el promotor considera que un centro de estas características no sólo tiene repercusiones sobre la economía de la zona, sino que existe una serie de beneficios sociales a tener en cuenta, como las prestaciones en el campo de lucha contra los incendios forestales, o el traslado de heridos en medios aéreo". Desde el Concello de Caldas se apoyó también el proyecto.
Además, apunta que "se consideró, en un principio, la ubicación del campo de vuelo en otra parroquia, donde los promotores del proyecto disponían de otras parcelas, con parecidas superficies. Estas alternativas fueron desechadas, ante la proximidad de núcleos de población o de viviendas aisladas, algo muy común en el medio rural gallego. Ninguno de los lugares propuestos reunía las condiciones de orografía casi plana y distancias a núcleos habitados y a otras infraestructuras, con las que cuenta la parcela sobre la que se pretende instalar el campo de vuelo".
