María del Rosario Lorenzo Pontevedra, la exsecretaria de la ya extinta Cámara de Comercio de Pontevedra (hoy ya fusionada con sus homólogas de Pontevedra y Vigo) deberá afrontar en junio su segundo juicio por la vía penal por las supuestas irregularidades cometidas en el seno de la entidad en anteriores etapas. El juzgado de lo penal ha reservado cuatro días en la primera semana de junio (concretamente del 5 al 8) para la celebración de un nuevo juicio al que están citados, además de los dos acusados, un sinfín de testigos.
Si no hay problemas de agenda con las partes implicadas, Rosario Lorenzo se sentará en el banquillo acompañada en esta ocasión de un segundo procesado, el entonces presidente en funciones de la entidad cameral en 2012, José Antonio Gómez Rivera. El fiscal pide para cada uno una pena de un año y medio de prisión y multa como autores de un delito contra la administración de Justicia en concurso de otro de prevaricación administrativa por el que reclama la inhabilitación de ambos por espacio de 8 años para el ejercicio como presidente o secretario de una Cámara de Comercio.
Actuación "decisiva"
Lo que sostiene el fiscal en su escrito de acusación es que Lorenzo Pontevedra y Gómez Rivera despidieron a tres trabajadores de la entidad como represalia por las denuncias que presentaron ante la propia Fiscalía para destapar las supuestas irregularidades que se producían en el seno de la entidad. Señala, concretamente, que ambos acusados "llevaron a cabo una serie de actuaciones en respuesta a la denuncia presentada y movidos por la intención de causar un perjuicio a quienes la habían presentado que concluyeron con el despido acordado por unanimidad por el comité ejecutivo" de estos tres empleados y que no afectó a un cuarto denunciante "por ser delegado de personal". El fiscal califica de "decisiva" la participación de Charo Lorenzo, quien "como denunciada principal en el indicado procedimiento penal, procedió a realizar cuantas actividades fueran necesarias para propiciar la resolución finalmente acordada", esto es, el despido de los denunciantes.
Cabe recordar que aquellas irregularidades destapadas por los trabajadores terminaron con una primera condena a Charo Lorenzo como autora de un delito de cohecho a la pena de un año de prisión y multa. Una condena que también incluía su inhabilitación y que terminó con su despido por parte de la nueva Cámara de Comercio fusionada, en donde ejercía como responsable de la oficina cameral en Pontevedra. Además, hay otras dos investigaciones en curso por irregularidades en la antigua entidad.
En su momento, desde la Cámara se justificaron estos despidos en los ajustes de personal que fue necesario hacer en la entidad debido a la merma de los ingresos de estas entidades. El fiscal destaca, no obstante, que el propio estudio realizado por Deloitte sobre los ajustes que era necesario llevar a cabo para adecuarse a la nueva situación planteaba un modelo "que partía del presupuesto de mantener los puestos de trabajo y, en caso de tener que prescindir de alguno en el futuro, debería comenzarse por aquel personal de carácter menos especialista o con tareas únicamente administrativa". Curiosamente, señala el fiscal, dos de los despedidos estaban en el único departamento en el que la carga de trabajo aumentó significativamente.
