Además de los 27 inmuebles declarados en el municipio de Pontevedra, en el resto de la comarca se contabilizan otras 24 propiedades de Patrimonio del Estado. Seis de ellos son casas-cuartel de la Guardia Civil en Caldas, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Marín, Ponte Caldelas y Sanxenxo. A Lama alberga la prisión (la propiedad de mayor valoración de toda la provincia ) y Poio la comandancia de la Guardia Civil, la segunda con la cifra más alta.
En Marín se localizan la Aduana Nacional (267474 euros), la Capitanía Marítima (1.064.259 euros), y dos locales para Policía y Correos, que suman algo menos de dos millones de euros. Moraña cuenta con una vivienda valorada en 67.600 euros y varias fincas rústicas, mientras que en Vilaboa se cataloga una casa de planta baja que se valora en apenas 39 euros.
En Poio, además de la comandancia, se incluye la titularidad de unos terrenos de 22.169 metros cuadrados "excluidos del dominio público marítimo-terrestre" y valorados en algo más de 7.300 euros.
En Cerdedo-Cotobade aparecen cinco propiedades, (tres en el primer territorio y dos en el segundo) entre ellas una Casa del Pueblo que precisamente el Concello quiere adquirir. Hace unos días el presidente de la gestora municipal de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, recibía el respaldo de los vecinos de la parroquia de Corredoira para comprar al Gobierno Central su Casa do Pobo, que actualmente pertenece al Patrimonio del Estado. Cubela anunciaba al respecto un acuerdo ya cerrado de compraventa por 12.000 euros y la intención del gobierno local de efectuar una reforma integral del inmueble en el marco del Plan de Centros Veciñais 2019. El regidor informó de que posteriormente, ya con el recinto acondicionado, se cederá su uso a la asociación vecinal.
Alquileres extinguidos
Las propiedades de Patrimonio del Estado se extienden por buena parte de los municipios de la provincia y es Vigo, con 29 anotaciones, el de mayor número en el listado, mientras que en Vilagarcía aparecen ocho.
La respuesta también detalla aquellos inmuebles que en su día ocuparon dependencias estatales mediante alquiler pero cuyos contratos quedaron extinguidos en el periodo 2011-2016. En toda Galicia fueron 18 inmuebles, dos de ellos en Pontevedra. Se trata de un local para la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, ubicada en el entorno del Hospital, cuyo contrato se anuló en diciembre de 2012, y un local para archivo de la Delegación de Economía y Hacienda en la calle Naranjo, extinguido en febrero de 2011.
