El gobierno local ha dictado una orden de ejecución para que la inmobiliaria dueña del antiguo solar de Malvar proceda a su inmediata limpieza y adecentamiento, dado el estado de abandono y deterioro que presentan estos terrenos. El Concello quiere comprar esos terrenos desde hace dos años pero un trámite burocrático mantiene paralizada la operación.
Este requerimiento municipal, que la inmobiliaria dueña de la finca de Mollabao dice que cumplirá, se da a conocer después del debate plenario del pasado lunes en el que se abordaron las quejas vecinales por el abandono del barrio. En aquel debate toda la oposición se unió para exigir al Concello mayor atención a la zona, mientras que el BNG esgrimió que la mayor parte de las deficiencias son responsabilidad de otras administraciones, en concreto la Xunta (titular de la calle Rosalía de Castro), Costas, como encargado de los terrenos marítimo-terrestres, Audasa (en el caso de las fincas bajo la AP-9) e incluso Adif, por el paso del tren al Puerto.
Pese a que hace unos meses se llegó a barajar desde el Concello abandonar la operación, y en ese sentido se dio un ultimátum a la inmobiliaria, al parecer esta entidad sí habría retomado estos días los trámites para desbloquear la compraventa, por lo que el Concello la mantiene abierta.
En marzo de 2015 el gobierno local anunciaba esta operación por 109.000 euros con el fin de crear un parque. Dos años después, los vecinos de la zona, hartos de denunciar el abandono de la finca y la ausencia de trabajos de limpieza (que debe acometer la propiedad) no entienden que en su día una empresa inmobiliaria sí pudiera cerrar la compra del solar pero el Concello no sea capaz por supuestas dificultades en el Registro de la Propiedad y el Catastro.
Originalmente se trataba de comprar los 5.000 metros cuadrados de propiedad de la inmobiliaria bancaria Altamira y lograr la cesión de otros 9.000 metros de la antigua concesión marítimo-terrestre que serían cedidos por Costas para el mismo fin. La razón de esta paralización está en el Catastro y el Registro de la Propiedad, donde no consta documentalmente el deslinde entre la parcela pública y la privada, lo que impide formalizar la compraventa. Es necesario segregar ambas partes, pero no se localiza la documentación que acredite una y otra titularidad.
El destino es un espacio público y libre, previsiblemente un parque donde pueda tener cabida algunas instalaciones deportivas de bajo impacto.
