Una empresa, Vivosant Corporation S. A., ha situado el nombre de Pontevedra en medio del mayor escándalo de corrupción destapado en los últimos años en América Latina: el caso de la constructora Odebrecht. Vivosant Corporation, con domicilio en la calle Manuel Quiroga de la ciudad del Lérez, sería una de las empresas constituidas por el abogado de la constructora brasileña, Rodrigo Tacla Durán, para mover el dinero con el que supuestamente el grupo Odebrecht pagaba millonarios sobornos a políticos de 12 países, durante al menos 15 años entre 2001 y 2016. Según las cifras que manejan los medios de comunicación latinoamericanos, se calcula que el importe de las mordidas abonadas por este grupo empresarial ascendió a 744 millones de euros.
La relación de esta empresa domiciliada en Pontevedra con la trama investigada en caso Odebrecht la desvelaba ayer el digital El Confidencial, al asegurar que Vivosant Corporation es una de las once sociedades tapaderas que Tacla Durán, el presunto cerebro contable de la trama, utilizó para mover estos fondos sin ser descubierto. La prensa latinoamericana apunta que solo entre el 14 y el 28 de septiembre de 2010, esta empresa con sede en la ciudad del Lérez recibió hasta 9 transferencias bancarias por valor de 12 millones de euros, supuestamente para luego desviar a las cuentas de políticos en paraísos fiscales.
¿Pero cuál es la relación de Vivosant Corporation con Pontevedra? La empresa fue creada en febrero de 2010 con domicilio en la ciudad del Lérez y su único socio y administrador es Rodrigo Tacla Durán. Su objeto social es "servicios de consultoría y proyectos de reciclaje industrial y en la construcción civil, así como el arrendamiento, instalación y mantenimiento de maquinaria pesada en general para la industria civil y la construcción civil".
Esta empresa disponía de una oficina virtual en el Centro de Negocios de Pontevedra, ubicado en el número 13 de la calle Manuel Quiroga. Entre los servicios y facilidades que ofrece el Centro de Negocios pontevedrés a los empresarios que quieren montar un negocio está la posibilidad de contar con esta especie de "hospedaje" de empresas: "No todos los negocios necesitan un espacio físico para desarrollar su actividad. Y si no lo necesitan, ¿por qué pagar por un despacho u oficina?", explica esta entidad en su web.
Supuestamente esto es lo que hizo Roberto Tacla para crear esta sociedad pantalla con la que movía fondos de Oderbrecht. Contactó con el Centro de Negocios pontevedrés y dotó de sede a la firma Vivosant Corporation, un servicio que le permitía disponer de un domicilio social y un buzón en el que se recibe correspondencia. "Tenemos así otras muchas más empresas", indicaban ayer desde este centro.
De hecho, la oficina virtual incluye una serie de servicios que va desde el más básico por 45 euros mensuales y que se limita a ofrecer un domicilio social, un buzón y a la recepción de aviso de carta certificada, a otros más complejos por hasta 125 euros al mes que incluyen atención de llamadas telefónicas o utilización de las salas y otras infraestructuras del edificio, entre otras muchas posibilidades.
En cuanto a Vivosant Corporation, el Centro de Negocios conoció ayer a través de este diario la noticia de la posible implicación de esta empresa en el caso Oderbrecht y la sorpresa era mayúscula. Confirmaron que esta empresa contrató una de estas oficinas virtuales con un servicio de buzón y la dotación de un domicilio social para esta empresa, pero apenas saben nada más sobre su actividad. "Por aquí nunca vino nadie", añaden.
Rodrigo Tacla Durán, abogado de 43 años y de nacionalidad hispano-brasileña, fue detenido el 18 de noviembre por la Guardia Civil en un hotel de lujo de Madrid, tres días después de llegar de Estados Unidos, su último refugio. Según El Confidencial, ahora trata de evitar su extradición a Brasil colaborando con la Fiscalía tras ofrecerse a "tirar de la manta" sobre la posible implicación de empresas españolas en el mayor caso de corrupción que se conoce en América Latina y que ha acabado por salpicar a altos dirigentes en 12 países, incluidas personalidades tan relevantes como Lula da Silva o Dilma Rousseff.
