El gobierno local de Portas, formado por el PP, logró en el último pleno municipal, celebrado el pasado viernes, aprobar el presupuesto de este año, un acuerdo alcanzado gracias a los votos también favorables de VUP, la formación que encabeza Roberto Vázquez, anterior regidor durante 23 años con el PP, partido que abandonó por una condena judicial.

Así lo denunció ayer el BNG de Portas, que votó en contra de las cuentas, y vincula ese acuerdo al "consenso" entre ambos grupos con respecto el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Portas. Los nacionalistas señalan que "este acuerdo entre PP y VUP se lleva forjando desde hace meses y no se limita al presupuesto de este año, sino que incluye también el PXOM".

Añaden que "a cambio del apoyo de Vázquez a las cuentas, el PP se comprometió a primero aprobar el Plan Xeral sin modificar una coma del documento que Roberto Vázquez dejara redactado y que tanto contestación social concitara, y, segundo, a ocultar las irregularidades detectadas en la anterior etapa".

El BNG sostiene que "el presupuesto aprobado contempla un primer pago de 184.000 euros para hacer frente a una sentencia de abril de 2016 por la que el Concello fue condenado por desproteger a una asistenta social que finalmente fuera agredida en 2012", y afirma que esta "desprotección de la empleada municipal fue consecuencia de la inacción del exalcalde Roberto Vázquez, cuyas consecuencias trata ahora de ocultar su sucesor, Víctor Estévez".

Asimismo, el Bloque rechaza el presupuesto por "antisocial y sin participación vecinal, con aumentos de 4.500 euros en la partida de dietas, y 4.000 en las atenciones protocolarias y un aumento de la deuda al suscribirse un préstamo bancario por valor de 80.000 euros a los que hay que añadir los 55.000 ya destinados del Plan Concellos al pago de deuda y gasto corriente".

Convenio con el Catastro

Por otra parte, la Dirección General del Catastro ha extinguido el convenio de colaboración con el Concello de Portas, según la resolución del Ministerio de Hacienda que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. "Habiéndose denunciado el pasado 11 de noviembre de 2016 el convenio de colaboración en materia de gestión catastral suscrito el 9 de febrero de 2001, procede la publicación de la extinción de dicho convenio en el Boletín Oficial del Estado", recoge. La resolución, a 9 de febrero de 2017, está firmada por el director general del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz.