El gobierno local de Ponte Caldelas celebró una asamblea con los vecinos de Laxoso y Augasantas (Cotobade) para valorar el resultado de las gestiones realizadas en los últimos meses hasta alcanzar el desbloqueo, por parte de la Xunta, de las obras de ampliación y mejora de la carretera autonómica PO-234.
Un centenar de personas asistieron a la convocatoria del Concello caldelán, encabezada por el alcalde, Andrés Díaz, y en la que estuvieron presentes concejales del PSdeG-PSOE, AVP y BNG.
Según el gobierno tripartito, los asistentes valoraron "el éxito de la movilización popular", que incluyó dos manifestaciones en protesta por la "cacicada de la PO-234". En su opinión fue esta presión popular y el trabajo de la Plataforma vecinal y del Concello "lo que hizo cambiar de postura a la Administración autonómica, puesto que primero manifestó que la obra no era prioritaria y ahora la asume y se compromete a ejecutarla en tres fases entre los años 2017 a 2019.
La asamblea acordó exigir la firma inmediata del convenio propuesto por Ponte Caldelas, la licitación durante este año de los dos primeros tramos: de Ponte Caldelas a Laxoso y de Augasantas a Portasouto, y durante 2019 la licitación y ejecución del tramo intermedio entre Laxoso y Portasouto.
El gobierno local explicó sus gestiones, que culminaron con la propuesta de un convenio por el que asume el coste de las expropiaciones siempre que las obras del tramo de Laxoso, donde se sitúan las curvas más peligrosas, se liciten en este 2017. El alcalde explicó que la prioridad siempre fue obligar a la Xunta a realizar la obra "acabando con las excusas y huyendo del politiqueo que se escondía detrás de aquella absurda competición de recogida de firmas, sin valor legal, a cargo de los alcaldes de Ponte Caldelas y de Cerdedo-Cotobade".
El Concello asumirá en dos anualidades el coste de las expropiaciones del tramo de Laxoso, a razón de 20.000 euros este año, y la cantidad restante, con un tope máximo de 40.000 euros, en 2018.
Para Díaz, es una solución "pioneira" que surgió después de comprobar que la relación de 99 afectados "estaba repleta de deficiencias, con personas fallecidas, emigradas ou fincas "en investigación".
