25 de febrero de 2017
25.02.2017

Vecinos de Barro, obligados a pagar 50.000 euros por una expropiación

Trece familias del municipio deben afrontar el abono antes de 5 días

25.02.2017 | 02:55
Reunión que ayer mantuvieron los vecinos afectados. // Gustavo Santos

Compraron un piso en San Antoniño en 2010, pero entonces no tenían ni idea de que esa decisión iba a conllevarles tantos problemas. Ayer, las 13 familias que conviven en el edificio número uno de la Rúa Areal recibieron una notificación que les indica que deben pagar entre todas 50.000 euros en los próximos cinco días, ya que si no lo hacen, el importe crecerá con un interés de demora del 10%.

El problema se remonta a años atrás, cuando la promotora Fincas Caselas, que construyó el edificio, quebró. Entonces, un particular al que le habían expropiado una finca anexa, reclamó ante la justicia por no haber cobrado el importe total. Y ganó.

El Tribunal Supremo indicó que el Concello debía pagar como "responsable activo subsidiario", a no ser que se hiciese cargo la Xunta de Compensación. Entonces, el actual equipo municipal convocó a dicha entidad, de la que forman parte la Sareb (banco malo), dos empresas más y, "de rebote", estas 13 familias como propietarias de las viviendas.

"No sabemos porqué formamos parte de ella porque nosotros simplemente somos propietarios de los pisos, pero parece ser que al haber quebrado la promotora, es así", explican los vecinos, que ayer se reunieron en busca de una solución para evitar pagar la parte que les corresponde de los 300.000 euros de derrama que promueve la propia Xunta de Compensación.

"Lo peor es que ese dinero va para pagar los gastos urbanizadores y no nos podemos beneficiar del terreno cuando se venda", señalan los habitantes de la Rúa Areal. En los mismos términos se mueven desde el Concello de Barro. El alcalde, Xosé Manuel Abraldes, asegura que ya mantenido varias reuniones con ellos y "entiende su frustración porque es una injusticia, ya que ellos no fueron los promotores de nada".

Sin embargo, desde el Concello exponen que solo les pueden dar apoyo "moral" porque carecen de "cualquier herramienta de ayuda". "Tendrán que buscar un resquicio legal para evitar pagar", finaliza el regidor.

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