El gobierno de la Diputación de Pontevedra -PSOE y BNG- aprobó en el pleno celebrado ayer una modificación en el presupuesto anual de 14 millones. Este trámite llega dos meses después de la aprobación de las cuentas provinciales. El diputado delegado de Economía, Carlos López Font, explicó que el 90 por ciento del dinero de esta modificación de crédito se destinará a los ayuntamientos de la provincia, principalmente para obras en carreteras, así como para los convenios con los municipios de Pontevedra y Vigo. Otra parte servirá para financiar obras en el Museo Provincial, ayudas a deportistas, becas de estudios, el plan Smart Peme, o diferentes actividades.
El Partido Popular criticó la "improvisación" del gobierno al hacer una modificación del presupuesto dos meses después de su aprobación. Su portavoz, Nidia Arévalo, indicó que este trámite demuestra que el presupuesto de 2017 estaba "vacío de contenido" y que su falta concreción dejaba entrever que "no había un proyecto". Pero lo peor de todo -para el grupo conservador-, es que "PSOE y BNG recurren a la libre disposición de fondos por la puerta de atrás".
López Font lamentó en su replica que el grupo popular sea "campeón en la manipulación", mientras el de gobierno lo es "de la transparencia". El socialista también lamentó que los diputados de la bancada conservadora "no leen los papeles o no se enteran" y resumió el plan de financiación de la Diputación para los concellos en "dar más a los que menos tienen y menos a los que tienen más". Recordó que el gobierno de Rafael Louzán dispuso de 72 millones de libre disposición en 5 años, cuando ahora esta partida no existe.
En otro momento del debate la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, recordó como el anterior gobierno provincial distribuía los fondos entre los concellos gobernados por el PP y discriminaba a los liderados por otros grupos.
El vicepresidente César Mosquera recriminó al PP, en su intervención, que "ustedes tienen alergia a que haya unas normas claras y que sean iguales para todos, pero nosotros vamos a seguir así; no nos vamos a dejar coaccionar", dijo el nacionalista. "Ahora todos son iguales, no como antes, ese es el gran cambio que ustedes no acaban de aceptar", añadió.
La gestión económica del gobierno provincial monopolizó el debate en un pleno en el que sí hubo unanimidad para exigir el fin de la violencia machista, guardando un minuto de silencio en memoria de la última víctima en Pontevedra, la mujer asesinada en Redondela.
Los grupos también estuvieron de acuerdo en la aprobación del manifiesto consensuado con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer; así como la declaración del 24 de febrero como Día de Rosalía de Castro, propuesto por el BNG.
Al margen de estos consensos, el enfrentamiento verbal se reprodujo al debatir dos mociones sobre los daños causados por los últimos temporales en la provincia. La iniciativa presentada por el PSOE, que fue apoyada por BNG y Marea, insta a la Xunta a asumir sus responsabilidades y aprobar ayudas a los ayuntamientos.
La otra fue impulsada únicamente por el PP para exigir de la Diputación de Pontevedra un protocolo de actuación ante este tipo de adversos meteorológicos.
En este debate la presidenta recordó como bajo el gobierno anterior, del popular Rafael Louzán, se adjudicaron ayudas a 14 municipios gobernados por el PP, mientras se cayeron de la lista aquellos municipios demandantes gobernados por los socialistas.
El gobierno bipartito ha solicitado un informe jurídico a los técnicos de la Diputación sobre esta cuestión, en la que se determina que los daños causados por los temporales son una competencia exclusiva de la Xunta, que según la presidenta provincial, Carmela Silva, el gobierno de Feijóo no asume.
