20 de febrero de 2017
20.02.2017

A juicio por una construcción en Lapamán entre dos municipios

El fiscal pide dos años para el promotor del edificio, quien insiste en que tenía licencia aprobada por Bueu, anulada luego por Marín

20.02.2017 | 02:17
El polémico inmueble por el que se celebra este juicio en el entorno de la playa de Lapamán. // S. Álvarez

Cuando se van a cumplir ya 25 años desde que comenzaron los primeros litigios judiciales en torno a un polémico edificio en la playa de Lapamán, el propietario del mismo, Francisco O. R., se sentará hoy en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 4 de A Parda acusado por la Fiscalía de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia a la autoridad por este mismo inmueble que se levanta justo en los lindes entre dos municipio, Bueu y Marín. Se somete finalmente a juicio pendiente de la petición de cárcel que formula el fiscal, de dos años de prisión por el primero de los delitos, así como una multa de doce meses a 18 euros al día, y otra multa similar por el segundo de los ilícitos que se le imputan.

Una vista, en la que el acusado y su defensa alegarán, en cualquier caso, que cuando comenzaron a levantar el polémico inmueble contaba con la preceptiva licencia concedida por el ayuntamiento de Bueu. Además, sostienen que tenían también el permiso de la Dirección General de Costas, dado que el edificio se levanta en terrenos de protección marítimo terrestre. Sucede que, años después, el Concello de Marín intervino y la Xunta revocó dichas licencias, según la versión de la defensa, al insistir que el inmueble no se levanta en el término municipal de Bueu, sino que está ya en Marín.

Todo aquello derivó en un expediente de reposición de la legalidad urbanística de la APLU que ordenó la retirada del material de la edificación y la no utilización de la finca para el uso de aparcamiento privado (el fiscal sostiene que no tenía el permiso de Costas para esta actividad), pero señala el Ministerio Público que el acusado hizo caso omiso, manifestando "una actitud de radical desobediencia".

Además, el fiscal mantiene su acusación por unos hechos ocurridos en 2012 en el que la finca se viene usando también como aparcamiento en la época estival, actividad para la que no tenía autorización, asegura, por lo que solicita el comiso de las ganancias obtenidas con la misma. También insiste en que el inmueble en construcción en la parcela no tiene autorización urbanística ni de la Xunta ni del Concello de Marín, por lo que pide su demolición.

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