Nueve municipios de la comarca, especialmente el de Sanxenxo, fueron visitados por la "piqueta" de la Xunta el pasado año para derribar edificaciones ilegales, desde viviendas a galpones, pasando por chiringuitos de playa y casetas prefabricadas. El balance oficial de la Axencia de Protección da Legalidade (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, certifica que a lo largo de 2016 se ejecutaron en la comarca 18 reposiciones de la legalidad, es decir, demoliciones, lo que supone algo menos del 20% de todas las realizadas en la provincia.
Aunque la actividad de la Axencia es intensa, sus estadísticas señalan que en el 90% de los casos, estas tareas de demolición son asumidas voluntariamente por los propios infractores, con lo que evitan un proceso de ejecución subsidiaria encargada por la propia APLU y que después carga sobre los propietarios. En toda la provincia se resolvieron en la provincia 259 expedientes, tanto de Urbanismo como de Costas, lo que supone más de la mitad de todos los de Galicia, un porcentaje que se repite en el caso de las "reposiciones" ejecutadas, 94 en la provincia por 182 en toda la comunidad.
Sanxenxo vuelve a ser, una vez más, el municipio que encabeza este listado provincial, con seis expedientes ejecutados, si bien muy lejos de los once casos de Cangas y los diez de Redondela, los municipios que el pasado año fueron más visitados por la "piqueta" de la Xunta en la provincia. Entre los casos registrados en el municipio turístico de la ría de Pontevedra destaca la demolición de una gran vivienda casi terminada que se levantaba en suelo urbanizable no sectorizado y que fue derribada en junio pasado. Un mes después se actuó contra una edificación de uso residencial en un suelo similar. El año comenzaba en Sanxenxo con la demolición, en enero, de un galpón en servidumbre de protección marítimo-terrestre, terminaba en diciembre con un expendedor de comidas y bebidas, a pie de playa, en la misma servidumbre. En julio la "piqueta" eliminaba una pequeña edificación de planta baja en la misma situación.
El balance oficial de la APLU contabiliza 18 actuaciones en la comarca, si bien la página web ofrece detalles de once de ellas, entre las que figuran las dos ejecutadas en Vilaboa. Se trata de una edificación en suelo rústico de protección ordinaria, eliminada en enero, y otra más derribada en noviembre por ocupar suelo no urbanizable.
Marín fue objeto de la actividad de la APLU en tres ocasiones, una de ellas en mayo, para echar abajo una edificación de tipología residencial que ocupaba suelo rústico especialmente protegido por su cercanía a un cauce fluvial. Por su parte, en Poio hubo dos derribos, al menos en un caso de una vivienda, en octubre, mientras que la relación se completa con sendas demoliciones en Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Ponte Caldelas y A Lama.
La página web de la APLU solo ofrece detalles de las actuaciones en Cuntis y Moraña. En el primer caso, se trata de la estructura (apenas unas placas y columnas) de un inmueble ubicado en suelo rústico de protección agrícola, mientras que en Moraña es una caseta prefabricada ilegal.
De este modo, durante el pasado año solo cinco municipios de la comarca no registraron actuaciones de reposición de la legalidad por parte de la APLU. son Portas, Barro, Campo Lameiro, Cotobade y Pontevedra. Entre las siete grandes ciudades gallegas tampoco hubo demoliciones en A Coruña y Santiago, pero sí en Vigo (5), Lugo (3) y Ourense (1).
Después de unos años de quejas por parte de la Fiscalía de "escasa comunicación" con la APLU, desde 2015 se registra una relación mucho más fluida, con el envío de numerosos expedientes que originaron la apertura de diligencias de investigación previas en materia de ordenación del territorio".
"Esta colaboración supone un paso muy importante", señalaba en la memoria de 2015 la Fiscalía, que añadía que desde entonces la Axencia ya realiza de forma habitual los presupuestos de demolición y reposición que se le solicitan y que para el fiscal son imprescindible en los procedimientos judiciales ya que les permite solicitar al juzgado (y que este acuerdo) la fianza correspondiente al infractor para garantizar la ejecución de la sentencia que pueda imponerse y que suele incluir el derribo de la construcción ejecutada ilegalmente.
