El Concello de Poio continúa con sus servicios jurídicos qué medida tomar en relación a la sentencia del Tribunal Supremo a través de la cual se declaraban como "ilegales" las licencias concedidas por el equipo de gobierno en 2002 para la construcción de 28 chalés en la urbanización de Boavista.
En el Pleno municipal del pasado martes, el concejal de Promoción Económica, Gregorio Agís, aseguró que la solicitud de recurso de amparo presentada por el Concello daba al organismo municipal "tres meses de margen" para poder decidir los pasos a seguir en un caso que podría dar a lugar a la obligación de derribo de las edificaciones con sus consiguientes pagos indemnizatorios.
Agís reconoció ayer que el equipo municipal "todavía no se ha reunido con los vecinos afectados", pero "sí ha mantenido las primeras tomas de contacto con sus abogados".
Ante esta situación, el PP solicitó ayer que el Concello se reúna "lo antes posible" con los propietarios de las viviendas afectadas por la decisión del Tribunal Supremo conocida a finales del pasado año 2016.
Para la portavoz popular en urbanismo, Rocío Cochón, "esta reunión debería servir para que el Concello informe de los pasos que se están dando para cumplir el fallo judicial y también para evitar una reclamación patrimonial que sería potencialmente devastadora para la economía de Poio".
