Cada vez es más frecuente que los magistrados pontevedreses opten por las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad como una alternativa a la pena de multa o de prisión en el caso de delitos leves al considerar que tienen una mayor carga resocializadora que las medidas privativas de libertad. En Pontevedra, en tan solo un trimestre, (el segundo del pasado año que es al que se refieren los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior) se dictaron 296 medidas de este tipo y según los datos de la última memoria de la Fiscalía, en apenas un año el número de expedientes que tramitaron por condenas a trabajos sociales se multiplicó de forma espectacular un 847%, pasando de 204 a 1.932, entre otras cuestiones, "por una mayor tendencia a imponerse este tipo de penas por parte de los Jueces y Tribunales sentenciadores".
Este incremento de las condenas a trabajos sociales que se produce ya desde hace años tuvo una inmediata repercusión que fue la carencia de plazas para cumplir las penas que llevó incluso a que muchos delincuentes resultasen impunes al prescribir el plazo máximo para ejecutar las resoluciones judiciales, tal y como denunció la propia Fiscalía en 2010. Según indican fuentes del Ministerio Público, en la actualidad las plazas para cumplir estas medidas alternativas se han multiplicado y el problema parece que está en vías de solución, de tal forma que el penado encuentra con cierta facilidad plazas para saldar sus cuentas pendientes con la sociedad cerca de su lugar de residencia. Así, el "stock" de condenados que está a la espera de cumplir su pena de trabajos sociales u otros programas resocializadores (como puede ser también la participación en cursos de reeducación) se ha rebajado un 8,9% con respecto a hace dos años. Eran un total de 2.612 a mitad de 2016.
160 instituciones colaboran
En total, según los últimos datos que aportó el Ministerio hay en la provincia en torno a 160 instituciones y colectivos que colaboran con Instituciones Penitenciarias a la hora de proporcionar plazas para que se puedan cumplir estas penas de trabajos sociales. Desde Concellos a la propia Diputación u organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en Pontevedra el grupo ecologista Vaipolorío es una de las entidades que suele colaborar con Interior para que los condenados en los juzgados cumplan con su deuda con la sociedad limpiando, por ejemplo, el curso del río de Os Gafos.
Alcoholemias
El perfil de los condenados es muy variado. Cabe resaltar que un 66,8% de las personas que participan en estos programas han sido condenadas por delitos contra la seguridad vial, un ilícito que encaja bien a la hora de aplicar estas medidas que buscan la reinserción del penado y que tome conciencia de la peligrosidad de ciertas conductas al volante. El peso que tiene esta modalidad delictiva entre los penados a trabajos sociales en la provincia (198 de los 296 durante el segundo trimestre de 2016) es mayor que en el conjunto de España, en donde representan el 50% aproximadamente.
Dentro de las infracciones penales al volante, destaca también que el grupo más numeroso, un 62% de los condenados lo fueron por conducir bajo los efectos del alcohol.
La violencia de género es la segunda modalidad delictiva que más penados a trabajos comunitarios deriva al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Pontevedra con algo más de un 20% (y 62 penados en un solo trimestre). Completan la lista los delitos o faltas de lesiones, con 13 penados, y los ilícitos contra el patrimonio con 17 casos. Se tratan, normalmente, de condenas por delitos leves.
Según Interior, el mayor número de condenados son varones de entre 26 y 45 años de edad.
Es, además, un tipo de pena alternativa que se ha de imponer siempre con el consentimiento del propio penado y su no cumplimiento puede llevar aparejada la comisión de un nuevo delito de quebrantamiento de condena que está castigado con una condena de cárcel.
Multa frente a trabajo social
Una de las pegas que observan los expertos, tal y como confirman desde la Fiscalía de Pontevedra, es que en ocasiones hay condenados que, al tener recursos económicos suficientes, prefieren asumir la pena de multa que se sustituye con estos trabajos en lugar de integrarse en estos programas que buscan la reinserción del infractor.
