El Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2013 la denominada "regularización catastral", un proceso mediante el cual se emprendió una campaña para localizar bienes ocultos al fisco, pero, además, incluir en el Catastro todas aquellas construcciones auxiliares del sector agrícola, en el rural, que hasta ahora estaban exentas de pagar el IBI, beneficio que desaparece con esta medida.
Cuatro años después del arranque de este proceso, finalmente Pontevedra entra en el punto de mira de Hacienda. Hasta el 30 de noviembre de 2017 se realizarán vuelos e inspecciones en 19 concellos de la provincia, entre ellos Pontevedra y otros cinco de la comarca: Barro, Cotobade, Cuntis, A Lama y Sanxenxo, El resto son Vilagarcía, Valga, Cambados, Meaño, Crecente, A Estrada, Forcarei, Gondomar, Oia, Porriño, Rodeiro, Salvaterra y Tui.
Granjas, invernaderos, hórreos o establos entrarán en este proceso, que el ministerio niega que se trate de una revisión y habla, por contra de un "plan de lucha contra el fraude". Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro" y se analizan las edificaciones rústicas porque "es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones", que se incorporan a la relación catastral a medida que se realizan revisiones.
Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota, si bien Hacienda aclara que las arcas del Estado no registrarán un aumento de recaudación y cada concello puede decidir el coeficiente que aplica, e incluso bonificaciones.
Por el momento, el gobierno local de Pontevedra no ha recibido ninguna notificación oficial, si bien sabe fehacientemente que Pontevedra entra de lleno en la fase de inspecciones de 2017. Por ello, aún no se ha decidido qué hacer en el futuro, si bien el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, admite que reajustar el coeficiente de forma general "será complicado".
En el caso de la capital sería una segunda campaña del Catastro, después de la actualización realizada por Hacienda en los últimos meses, por la cual los valores catastrales se elevaron algo más de un 10% con respecto a los del ejercicio anterior, de ahí que se haya pasado de 2.480 a 2.755 millones de euros en un solo año.
El plan rural que ahora tiene en marcha el ministerio establece que propiedades como galpones, naves agrícolas, invernaderos, hórreos, establos, cobertizos y otras construcciones auxiliares pasarán a tributar por el IBI, pero el ministerio aclara que "en modo alguno se valorarán como una primera vivienda. Será inferior y nunca como la residencia habitual. En todo caso, Unións Agrarias ya ha advertido de que la inclusión de esos elementos supondrá un "aumento ficticio del patrimonio" de los ciudadanos, lo que repercutirá, de entrada, en el cómputo patrimonial a la hora de solicitar becas.
