La Xunta ya tiene en marcha el estudio para reordenar el modelo de autobuses públicos en la comarca. La Dirección Xeral de Mobilidade acaba de adjudicar a la consultora Iplan Movilidad SL, por 147.600 euros, la nueva "planificación del sistema de transporte de viajeros" con la inclusión de la modalidad bajo demanda. Su objetivo es reorganizar todas las líneas de autobuses actuales de modo que se frene la pérdida de usuarios y se cree una auténtica red metropolitana de autobuses.
La empresa seleccionada tiene por delante once meses de trabajo para analizar la situación actual y elaborar una propuesta de servicios, pero la Xunta ya ha marcado unas pautas de inicio que incluyen el análisis de al menos siete concesiones actuales que tienen su origen o destino en la capital y que pasan al menos por ocho municipios de la comarca: Pontevedra, Cotobade, A Lama, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo y Vilaboa.
Estas siete líneas, definidas en el pliego de condiciones con el que se adjudicó el estudio son las siguientes: Castelo (Lérez)-Pontevedra, de Autocares Rías Baixas; Pazos de Borbén-Pontevedra, de Autos Arcade; Puente Internacional-Tui, Pontevedra, de Castromil; Pontevedra-Lérez-Santa María de Xeve, de Autobuses de Pontevedra; Pontevedra con Marín y Alba, de la misma empresa; A Cañiza-Pontevedra, de Empresa Raúl, y las líneas de La Unión hacia Bueu y Vilagarcía, que están agrupadas en una misma concesión. Esta última es la que declara mayor volumen de ingresos, de mas de 1,5 millones. El resto oscila entre los 37.000 y los 700.000 euros de ingresos declarados, según los datos que aporta la Dirección Xeral de Mobilidade.
La propuesta de la Xunta incluye otras siete líneas por la provincia que en algún caso también inciden en parte del territorio de la comarca. Entre ellas figura una entre A Estrada y Pontecesures.
El documento base para esta adjudicación admite que "muchos de los contratos -sin detallar cuales- padecieron una pérdida continuada de usuarios y, consiguientemente, de rentabilidad económica, hasta llegar en ocasiones a situaciones de inviabilidad técnica".
Se añade que "dado el nivel de dispersión y envejecimiento de la población gallega, se propone una evolución del sistema general de transporte público integrando la prestación de servicios bajo demanda", una modalidad que el Concello ya planteó hace unos años y que acaba de incluir en el presupuesto municipal de 2017 para comenzar sus propios estudios. Sin embargo, la Xunta ya se adelante al respecto.
La idea es que sin dejar al margen el autobús, se incluyan otras modalidades, en especial el taxi, como sistema de transporte público habitual, en la modalidad bajo demanda y sobre todo en el rural. Si hace más de una década la apuesta era aprovechar las líneas y concesiones actuales de autobús para conectar toda la comarca, el planteamiento actual ha variado sustancialmente por dos razones básicas. Una de ellas es la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la prórroga generalizada de concesiones decretada en 2009, que obliga a reestructurar el transporte público por carretera. La otra es la postura del Concello en este asunto.
Obligada por ley a disponer de una red municipal de autobuses, Pontevedra carece de ella y el gobierno local argumenta que la maraña de concesiones autonómicas y la falta de rentabilidad de muchas líneas convertirían esta red en una sangría económica para las arcas municipales. Por ello se apuesta por el denominado transporte bajo demanda, es decir, habilitar un vehículo cuando y donde el cliente lo solicite. Y para ello no siempre es necesario un autobús. Se puede acudir a los taxis.
El asunto ya formaba parte de las previsiones del BNG, pero el apoyo "in extremis" de Marea al presupuesto municipal de 2017 obliga al gobierno local a destinar este año 205.000 euros a la adhesión al Transporte Metropolitano de Galicia. Por su parte, la Xunta ya asumió hace unas semanas el modelo municipal con la promesa de implantarlo en esta legislatura en Pontevedra, en torno a 2019.
