El Partido Popular ha lamentado que el Centro de Información á Muller del municipio de Ponte Caldelas quede desmantelado a partir de este viernes y deje sin asistencia a más de cien personas que atendieron durante este año. El portavoz local del PP, Ricardo Castro, considera que "es una absoluta falta de respeto hacia las mujeres de Ponte Caldelas" por parte del gobierno local integrado por el Partido Socialista, el BNG y la Agrupación Veciñal de Ponte Caldelas (AVP).

En una comparecencia celebrada ayer en la sede del PP provincial, Ricardo Castro, acompañado por la diputada autonómica Marián García, anunció que presentarán una proposición no de ley en el Parlamento gallego para solicitar a la Xunta de Galicia que medie con el Concello de Ponte Caldelas y que haga un llamamiento para que no se cierre el CIM.

Marián García, por su parte, criticó el silencio de la presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva, sobre este asunto. "Es del mismo color político que el alcalde de Ponte Caldelas, y sorprende que esté de brazos cruzados y no diga nada con lo que está ocurriendo en este Concello", lamentó".

"Se le llena la boca hablando de feminismo, del papel y de los derechos de la mujer, y ahora mismo no sabemos qué es lo que piensa sobre el desmantelamiento de este CIM", añadió la diputada del PP.

La abogada y la psicóloga que atendían a las mujeres del municipio de Ponte Caldelas dejarán de hacerlo y, a partir del próximo lunes 2 de enero, el gobierno local asegura que se incorporará una letrada especializada en violencia sobre la mujer.

El alcalde de Ponte Caldeas, Andrés Díaz, informó de que este servicio cuesta 60.000 euros al año, pero Ricardo Castro aportó ayer datos y aseguró que en el capítulo de gastos de los presupuestos municipales de 2016 figura que el coste es de 30.692 euros. Según indica, el Concello recibe una subvención de la Secretaría Xeral de Igualdade para este servicio de 27.050,24 euros.

Además, el portavoz popular considera que existen otros gastos menos prioritarios, como los 17.200 que se destinan a una empresa que organiza excursiones, los 99.000 que se gastan en fiestas.

Díaz, por su parte, ha recordado estos días que las dos profesionales del CIM trabajaban en el servicio mediante prórrogas irregulares, con los informes técnicos en contra, y llegaron a formular una demanda judicial para ser reconocidas como funcionarias, una petición que el Concello desestima, de ahí que se optase por dar por zanjada la relación y contratar a una asesora jurídica para todo el Concello, no solo para la población femenina. En todo caso el alcalde apunta su intención de solicitar de nuevo la subvención y reabrir en CIM en 2018.