La sentencia del Constitucional que invalidó la ley estatal en la que se basa la ordenanza municipal de inspección de los inmuebles descolocó al gobierno local, que de inmediato solicitó informes técnicos, jurídicos y urbanísticos con el fin de aclarar estas dudas.
Mientras la asociación Apripon de propietarios de inmuebles sostiene que esa sentencia -derivada de recurso de la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias autonómicas- no exime a las comunidades de presentar ese certificado ni de la obligación de superar esas ITV de edificios, el gobierno local no las tiene todas consigo. Uno de esos informes municipales apuntaba hace dos meses que ese fallo judicial no afectaría a la ordenanza municipal, pero la intención del gobierno local es que sea la Xunta la que se pronuncie, ya que le corresponde al ejecutivo gallego elaborar una ley autonómica al respecto. La Xunta ya ha decidido paralizar temporalmente tanto las posibles inspecciones como la elaboración de una norma específica hasta determinar el alcance de la citada sentencia.
Asimismo, el Concello también pidió un estudio jurídico, que está a punto de concluirse. Cuando se disponga de toda esta documentación se decidirá si se reactiva la inspección de las condiciones de seguridad de los edificios o es necesario dejar la ordenanza en suspenso para incluir una nueva redacción.
