La ciudad de Pontevedra ha vivido en este 2016 una auténtica fiebre de reparación, acondicionamiento y rehabilitación de fachadas en sus edificios. Las comunidades de propietarios se han volcado a lo largo de 2016 en mejorar las condiciones exteriores de sus inmuebles, en buena parte debido a la ordenanza municipal de inspección de edificios que puso en marcha el Concello en abril de 2015, hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional cuestionó la legalidad de este tipo de normativa y el gobierno local acordó en octubre pasado paralizar su aplicación hasta aclarar su situación jurídica.
Pero al margen de esta ordenanza, los propietarios pueden reparar las fachadas cuando lo consideren oportuno, y este año parece que fue propicio para ello y el Concello ya autorizó más de un centenar de actuaciones. Son innumerables los andamios que se levantan por toda la ciudad para ejecutar obras de todo tipo, como mejora de las cubiertas, del sistema de evacuación de agua, carpintería exterior y, sobre todo, impermeabilización.
Un buen ejemplo se observa en Campolongo, con edificios aislados de hasta doce plantas que en los últimos meses han modificado de forma notable su imagen, con modernos recubrimientos y aislamientos acústicos y térmicos. Ayer mismo, al menos dos inmuebles más del mismo barrio estaban rodeados de andamios para ejecutar tareas parecidas. Hay que recordar que desde junio de 2013 es obligatorio disponer de un certificado de eficiencia energética para poder alquilar o vender un inmueble o local.
Esta norma tiene como finalidad favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética e inversiones en ahorro de energía, una de los principales trabajos que se llevan acabo con estas actuaciones en la ciudad.
Esta avalancha de actuaciones se constata no solo ante el número de andamios y solicitudes, sino también en el trabajo de las empresas de construcción especializadas, que han encontrado en este capítulo una pequeña "tabla de salvación" a la crisis del sector. Aún así, el volumen de obras que salen adelante no llega en muchos casos al 20% de todos los presupuestos que se solicitan, toda vez que en Pontevedra hay proyectos que superan los 80.000 euros, inversión que en muchos casos solo pueden asumir comunidades de propietarios de muchos vecinos.
Además de la propia rehabilitación de los inmuebles y la mejora de su estado energético, una de las razones de esta fiebre de los andamios fue la ordenanza municipal de evaluación de los edificios antiguos, implantada en abril de 2015 por el Concello para garantizar la seguridad integral de los inmuebles. Entre abril de 2015 y octubre pasado se comunicó a los propietarios de más de setecientos inmuebles la obligación de presentar antes de 2017 un certificado específico, si bien hace unos meses todo el proceso quedó paralizados debido a una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó la ley estatal que el gobierno local utilizó como única base para elaborar esa ordenanza. Desde entonces se analizan sus repercusiones.
Calendario
Entre 2015 y 2016 fueron al menos 721 los edificios de cincuenta años o más cuyos propietarios recibieron en estos dos ejercicios la notificación municipal que obligaba a realizar inspecciones de seguridad, funcionamiento interno y otros detalles de cada inmueble, una revisión que debían sufragar los propios inquilinos, con facturas que pueden superar los mil euros por edificio.
Con esta suspensión de las inspecciones, al menos de momento, también quedaría trastocado el calendario para completar todas las revisiones. La ordenanza municipal establecía una periodicidad de inspecciones, en función de la antigüedad de todo el parque inmobiliario, que tenía el objetivo de llegar al año 2018 con la totalidad del censo edificatorio de más de 50 años revisado. Estos plazos respondían al elevado volumen de edificios, naves industriales y casas unifamiliares que tendrían que pasar la evaluación. En 2015 tuvieron que pasarla los edificios construidos antes de 1943 y en 2016 los de 1953. Según el calendario inicial, que ahora está en entredicho, los inmuebles anteriores a 1963 tendrían que entregar el certificado en 2017 y hasta el final de 2018, las viviendas unifamiliares y edificaciones de uso no residencial.
