El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra sigue dando pasos adelante en los procedimientos penales que tiene abiertos por la gestión realizada al frente de la ya extinta Cámara de Comercio de Pontevedra durante los años 2009, 2010 y 2011, concretamente en la organización de las ediciones de esteos años de Ferpalia y de Pomóvil. El órgano judicial reconoce que al Concello como posible perjudicado por estas actuaciones al decretar, en un auto firmado el pasado 1 de diciembre de 2016 por la titular del juzgado, que se le ofrezca al ayuntamiento capitalino la posibilidad de ejercer acciones legales como posible "perjudicado" en el presunto delito de fraude de subvenciones que está siendo investigado. Una petición que formula el juez atendiendo la solicitud del Ministerio Fiscal.
En este mismo auto, la juez decide apartar del procedimiento al empresario y a los trabajadoresque denunciaron las supuestas irregularidades en la Cámara al entender que no pueden ejercer la acusación particular por no ser perjudicados de estas actuaciones. No obstante, les da la posibilidad de incorporarse al mismo como acusación popular, para lo que les da un plazo si desean optar por esta alternativa.
34.000 euros de desfase
Tras este ofrecimiento del juzgado, habrá que esperar a ver cuál es la decisión del ayuntamiento. No obstante, cabe recordar que el Concello de Pontevedra ya fue resarcido por la Cámara de Comercio por el supuesto desfase en las subvenciones que aportó para la organización de estas dos ferias de forma indebida. Según se recoge en el informe del Consello de Contas aportado a la investigación, las bases de estas subvenciones señalaban que el importe máximo subvencionable era de un 50% del coste total de cada feria. En estos casos, una rectificación posterior de las facturas a la baja (cambios que se hicieron posteriormente a las facturas iniciales que se entregaron al Concello, con un coste mayor) provocó un descenso del gasto final que costaron estas ferias y por lo tanto también del máximo subvencionable, de tal forma que las cantidades abonadas por el ayuntamiento excedían este límite. Sin embargo, la Cámara no informó al ayuntamiento de estas modificaciones a la baja de las citadas facturas. En total, el Concello calculó que habría desembolsado unos 34.000 euros de más del límite máximo subvencionable. La nueva Cámara, ya fusionada, aceptó esta reclamación y devolvió el dinero al ayuntamiento.
Esta investigación penal está a punto de finalizar su instrucción en la parte que se refiere a la contratación de las ferias y al supuesto fraude de subvenciones, pero la Fiscalía y el juzgado entendieron que era necesario abrir una nueva pieza separada para investigar más en profundidad las supuestas irregularidades en la contabilidad del ente.
En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 1 de Pontevedra hace ahora exactamente un año, la Fiscalía señalaba que de lo actuado hasta entonces se desprende que "al menos entre los años 2009 y 2011", la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra "viene organizando varios eventos feriales en los que se ha procedido a la contratación de empresas sin cumplir en modo alguno los requisitos y exigencias que vienen establecidos en la legislación en el ámbito del sector público, de tal manera que de forma reiterada se viene adjudicando la ejecución de contatos de servicio de importante cuantía económica" siempre a una determinada mercantil, lo que podría ser constitutivo de un delito continuado de prevaricación administrativa.
Prevaricación y falsedad
También concluía ya entonces la Fiscalía que, de lo actuado hasta ahora se desprendía que para la organización de los referidos eventos feriales "se presentaron al ayuntamiento de Pontevedra determinados presupuestos -en el momento de firmar el acuerdo de colaboración- y determinadas facturas -en el momento de justificar el gasto- que no se ajustaban a la realidad del importe al que ascendía el coste de la organización de cada una de las ferias, alterando de esta manera el porcentaje de participación en las ayudas que se fijaba en cada uno de los convenios". Añade que estos hechos, además de un delito continuado de fraude de subvenciones, pudieran constituir también otro de falsedad documental y señalaba la Fiscalía que su investigación estaba prácticamente concluida ya entonces.
