El colectivo "Galicia mellor sen touradas" salió ayer al paso para decir que la plaza de toros de Pontevedra todavía no ha entregado el primer informe de evaluación de edificios contemplado por la ordenanza municipal sectorial, según se desprende de la constestación que el Concello remitió en los últimos días a su plataforma. Si bien, este documentos sólo sería obligatorio a partir del año 2019, teniendo en cuenta los plazos marcados por el documento local aprobado el pasado año por el pleno de la corporación.
Para los abolicionistas, la existencia de un edificio catalogado con el nivel de Protección Ambiental de categoría A y con alrededor de 116 años de antigüedad, debería contar con el preceptivo informe, al entender que se trata de un elemento con los suficientes años como para representar potenciales problemáticas para los espectadores que allí acuden tanto a la feria taurina como a las actividades que en la plaza programa el consistorio pontevedrés.
En este sentido, tomando como referencia los plazos referidos en la Ordenanza Municipal reguladora del IAED de Pontevedra, los dueños del coso de San Roque deberían cumplimentar la documentación y entregarla en el plazo de dos años, aunque los abolicionistas sospechan que agotarán el máximo los tiempos dado que las instalaciones sólo se “adecentan” semanas antes de cada feria taurina, de tan sólo tres jornadas en los últimos años.
De forma paralela, Galicia mellor sen touradas señala la necesidad de que el gobierno local aborde la posibilidad de un proceso de expropiación y gestión directa de la plaza de toros, municipalizando una instalación céntrica y con gran potencial para ser reconvertida a múltiples usos, tal y como han propuesto los activistas en diferentes ocasiones, y que transita desde el traslado de la UNED hasta su remodelación en centro sociocultural, con auditorio, aulario y zona de ocio.
También se pregunta desde la plataforma si el convenio de alquiler del coso sirve, de forma indirecta, para garantizar el gasto anual en mantenimiento que debería asumir la propiedad de la plaza. Y si es así, instan al consistorio a reducir el acuerdo de cesión hasta llegar a ninguna cantidad en 2018, coincidiendo con la finalización del plazo para entregar el IAED correspondiente.
