La Fiscalía pide una pena de un año de prisión y la clausura del establecimiento durante cinco años para el responsable de una sociedad que gestionaba un club de Silleda que tenía a una decena de trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social. El acusado, de nacionalidad rumana, será juzgado hoy en la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Tres de las trabajadoras, según el escrito presentado por Fiscalía, estaban en situación de estancia irregular en España, "sin contar con el preceptivo permiso de trabajo". El único trabajador que estaba dado de alta por la empresa era el camarero.
Según el fiscal, M.C., de nacionalidad rumana, mayor de edad y sin antecedentes penales, era socio y administrador único de la empresa NQ, S.L., cuyo centro de trabajo, un club de Silleda, estaba dando ocupación "simultánea" a once trabajadores, de los que solo uno estaba dado de alta.
Los hechos, de acuerdo con su escrito, son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el Código Penal.
Por ello, la Fiscalía pide para el acusado prisión de un año e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de participación en la industria y comercio de refrescos durante el tiempo de la condena, así como una multa de nueve meses con una cuota diaria de 20 euros.
Para la sociedad, plantea el cierre y clausura del local por un tiempo de cinco años y, además, "el acusado indemnizará a la Tesorería General de la Seguridad Social". El juicio se celebrará en la Sección Cuarta.
