¿Fue un homicidio, como sostiene la defensa, o por el contrario estamos ante un asesinato con alevosía como defiende la Fiscalía y la acusación popular que ejerce la Xunta de Galicia? Rosalina Carrera, fiscal especializada en violencia de género, ya advirtió al jurado de que esta será la principal cuestión que tendrán que dilucidar a la hora de dictar veredicto en el juicio por el conocido como crimen de Pontesampaio, que comenzó ayer en la Audiencia de Pontevedra. En el banquillo se sienta Juan Antonio Lusquiños Bustelo, vecino de Soutomaior, quien ayer reconoció de nuevo que fué él quien acabó con la vida a cuchilladas de su expareja, la vecina de Pontesampaio Concepción Reguera Peón, quien entonces tenía 37 años de edad. Unos hechos que se produjeron el 24 de octubre de 2015. No obstante, la defensa del acusado sostiene que Lusquiños actuó con sus facultades mentales afectadas por "el arrebato y la ofuscación", influido por una "profunda depresión" y un supuesto trastorno psiquiátrico que padecía, según dice, como consecuencia de la ruptura de la relación sentimental entre ambos por parte de la víctima, Concepción Reguera, unos tres meses antes de los hechos.

Lusquiños Bustelo reconoció que aquella madrugada sintió la "necesidad" de ver a su expareja tras contemplar su coche aparcado ante la casa de unos amigos en Arcade. Recorrió a pie los más de cuatro kilómetros que separan su casa de la de Concepción Reguera en Pontesampaio y la esperó en la calle. Cuando finalmente llegó asegura que fue ella quien lo invitó a subirse al coche que conducía, propiedad de la madre de la víctima. "Vente anda que te llevo a casa", asegura que le dijo ella. No obstante, a los pocos metros, en el cruce hacia Acevedo, afirma que ella aparcó el coche para hablar. Reconoce que se inició una discusión entre ambos en el interior del vehículo y que, ante los nervios que él sentía, sacó una navaja "que llevaba encima siempre" con el objetivo de liar un porro. Una navaja que luego precisó a preguntas del jurado que tendría unos 10 centímetros de hoja. Un arma homicida que luego el acusado tiró en el monte y que nunca llegó a aparecer a pesar de que el insiste en que "yo le dí indicaciones a la Policía sobre donde podría estar".

Juan Antonio Lusquiños continuó relatando que aquella discusión en el coche "subió más y más el tono" y que la víctima le llegó a dar una bofetada. Lusquiños reconoce que entonces la acuchilló varias veces con la navaja, primero dentro del coche, y cuando ella logró salir, él la siguió por la puerta del conductor y volvió a clavarle el arma también fuera del vehículo. "Se me fue de las manos", dijo a la fiscal. No pudo precisar ni cuántas puñaladas asestó a su expareja ni en qué partes del cuerpo. "Me cegué" añadió. Los forenses, según el escrito de acusación de la Fiscalía, detectaron hasta 20 heridas de arma blanca, tres de ellas mortales de necesidad.

Tras escuchar los gritos de un vecino que había salido a la calle ante los gritos de la víctima, Lusquiños reconoce que huyó en el coche en el que había llegado Concepción, propiedad de la madre de esta, y afirma que lo hizo en dirección hacia el monte, sin rumbo, "a donde me llevó la mente". Siguió conduciendo hasta que atrancó el coche entre dos muros de piedras y luego siguió a pie.

Se cambió la ropa

Dijo que desconocía que había ocasionado la muerte a su expareja hasta que fue detenido por la Guardia Civil y se lo comunicaron. Los agentes lo encontraron en las inmediaciones de su casa en Soutomaior, tras cambiarse la ropa con restos de sangre, pero el acusado insiste en que su intención siempre fue entregarse. Asegura que se mudó porque se había empapado por completo. Los agentes lo detuvieron en las inmediaciones de su casa tras un amago de huida, pero él insiste en que se sentó a esperarlos.

Lusquiños Bustelo finalizó su declaración dirigiéndose a la familia de la víctima. Les dijo "lo siento" y añadió que "haga lo que haga ahora no voy a poder devolvérsela nunca".

La defensa reconoce el delito de homicidio y pide que se le imponga una pena de diez años de cárcel. Reclama que se apliquen los atenuantes de obcecación e insiste en que la intención del acusado no era matar. También pidió el atenuante de confesión y alegó que actuó bajo la influencia de los graves problemas psiquiátricos que padecía como consecuencia precisamente de la "profunda depresión" en que quedó sumido desde que la víctima había decidido poner fin en el mes de agosto de ese año. El letrado añadió que este trastorno incluso llevó al acusado a intentar quitarse la vida en una ocasión. Tanto la Fiscalía como la Xunta entienden inicialmente que el acusado no se hallaba afectado por ninguna patología o trastorno mental. De hecho, en el escrito de la acusación popular se detalla que en sus respectivas declaraciones el propio acusado "afirmaba asumir las consecuencias de sus actos". Solicitan 20 años por asesinato y otros 25 de alejamiento con respecto al municipio de Pontevedra.