Una vez que el caso de los supuestos enchufes en la concesionaria Cespa ha muerto en los tribunales, tras decretar el juzgado de instrucción número 2 el archivo de la causa, los ecos de esta investigación judicial se mantienen vivos en el ámbito político. Y el encargado de echar combustible a esta polémica ha sido el PP, quien ha utilizado el auto de archivo judicial para atizar al gobierno local e incluso para llevar este asunto al próximo pleno, en el que preguntarán al gobierno local si tiene constancia de otras adjudicatarias que utilicen las "recomendaciones" como práctica de contratación.

La reacción del PP es justo la opuesta a la que esperaba o, cuando menos demandaba, el gobierno local tras el archivo judicial de las actuaciones. El concejal de Réxime Interior del Concello, Vicente García Legísima, comparecía ayer para asegurar que el sobreseimiento refrenda que "todo lo que hacemos en este ayuntamiento no tiene entrada en el Código Penal y así se ha ido demostrando hasta ahora". Una intervención en la que Legísima también hacía un llamamiento a los grupos de la oposición, y especialmente al PP, a que tuviesen "cierta prudencia" al referirse a este tipo de investigaciones y recordó que los populares, en un pleno reciente, llegaron a comparar este caso ya archivado con la Gürtel, estos días a juicio en la Audiencia Nacional.

Para el edil del BNG, el archivo demuestra lo que "con humildad y contundencia" vienen defiendo desde el ejecutivo local: su "honestidad y transparencia" en la gestión municipal. Remarcó que el juzgado investigó en todo caso a la empresa Cespa y que no observó nada "repobable" en la actuación del concello, por lo que exigió a los populares que sean "serios y rigurosos" y que no se utilicen estos casos judiciales como "arrojadiza". Y es que recordó la retahíla de investigaciones abiertas con las que atacó el PP al gobierno local pero que finalmente acabaron en archivo judicial como fue el caso de Elsamex, Setga y ahora Cespa.

Aunque no exigió las disculpas de los populares de forma directa, sí lo insinuó al afirmar que "no estaría de más" que quienes "sacaron la lengua" por este caso "debería sacar esa misma lengua y decir algo" tras el archivo de la investigación judicial.

Y el PP sacó la lengua otra vez pero no para pedir disculpas, sino explicaciones. El concejal César Abal aseguró que "el archivo de la causa separada, derivada de la Operación Patos, referida a los supuestos enchufes en una concesionaria del ayuntamiento de Pontevedra, no deja en muy buen lugar al gobierno local del BNG" al recordar que "el auto deja constancia que la política de contratación de la concesionaria funcionaba en base a recomendaciones, una práctica que no es constitutiva de delito, pero sí reprobable políticamente".

Ante este hecho, el grupo popular quiere saber si "la práctica de las recomendaciones funciona sólo con esta empresa o es extensible a todas las concesionarias que trabajan para el ayuntamiento de Pontevedra" y, por este motivo, lo preguntarán en el próximo pleno.

"Ejercicio de transparencia"

"Creo que es bueno, y un ejercicio de transparencia de cara a los ciudadanos, hacer esta pregunta en pleno y que el gobierno del BNG de Lores dé las explicaciones oportunas", aseguró César Abal, quien añadió que "la práctica de las recomendaciones con empresas que trabajan para el Ayuntamiento es despreciable e inadmisible en política".