La Comisión Europea advirtió a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que han aplicado una normativa equivocada para renovar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Ence, según denunciaron ayer en Pontevedra la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y los directivos de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Los opositores a la presencia del complejo industrial en la ría de Pontevedra advirtieron que la Unión Europea podría iniciar un procedimiento contra España por no aplicar la directiva que regula los vertidos urbanos y haber asumido en cambio una normativa que sería más permisiva con los parámetros contaminantes de dichas emanaciones a la ría.
Se trata, según indicó la eurodiputada nacionalista, de un "varapalo al Estado español" que además abría la puerta a emprender acciones judiciales, que los directivos de APDR ya prevén iniciar.
El BNG pedirá ante la Comisión Europea que se aplique la directiva correcta y volverá a presentar una pregunta al Gobierno de la Unión en el sentido de conocer cuándo se dirigirá a las autoridades españolas para exigir ese cumplimiento.
Xunta
Sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio salió también ayer al paso de estas acusaciones, para "aclarar" que la Autorización Ambiental Integral de Ence se refiere a vertidos industriales, que no son equiparables a vertidos de aguas residuales urbanas. "Gracias a esta consideración se pueden controlar parámetros como el mercurio, que no se analizarían en el caso de tratarse como aguas de naturaleza urbana", explican fuentes de la consellería.
Por otra parte el Gobierno gallego argumenta que existe una Decisión europea del año 2014, sobre las mejores técnicas disponibles en este tipo de emisiones industriales, en la que se fijan los valores máximos de los parámetros de vertido más significativos.
La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio explica que las aguas residuales de Ence tienen de plazo hasta 2018 para adaptarse la esta decisión, aunque a día de hoy -sigue la Xunta- en lo que se refiere al parámetro más representativo de las aguas urbanas -la demanda biológica de oxígeno- en los seguimientos periódico que realizan los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, los resultados de las analíticas indican que Ence está vertiendo con valores inferiores a los que se determina en su Autorización Ambiental Integrada e, incluso, de forma habitual, por debajo del recomendado por la Decisión europea de 2014.
Sin embargo tanto el Bloque Nacionalista como la APDR entienden que la última Autorización Ambiental Integrada se concedió de forma "ilegal", al permitir valores superiores a los que establece la normativa comunitaria al respecto.
Añadieron que este incumplimiento por parte de la Xunta y del Estado desde el año 1999 no solo afecta a la ría de Pontevedra, sino también a la de Vigo y O Burgo.
Ana Miranda y los directivos de APDR Antón Masa y Benito Andrade, dieron a conocer ayer esta respuesta de la Comisión Europea que según indicaron conocen desde hace siete meses. "Queríamos valorar toda la situación y elegir el momento adecuado para revelarlo", argumentaron.
Explican que tras denunciar esta situación ante el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en marzo pasado el responsable comunitario respondió que en el caso de las aguas residuales de la pastera, al verterse a través de una instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas, como es el emisario submarino, se aplican las condiciones de la directiva correspondiente que no es la que tienen en cuenta Xunta de Galicia y Gobierno español. Ésta es "entre dos y tres veces más permisiva" y en la que se ampara la concesión de las últimas Autorizaciones Ambientales Integradas a la pastera. La primera AAI se concedió en 2008 y posteriormente se renovó en el año 2011.
"Estamos ante un incumplimiento de derecho y un engaño a la ciudadanía durante todos estos años", manifestó Ana Miranda, quien avanzó que el BNG dirigirá una repregunta al Ejecutivo comunitario para interesarse por cómo se dirigirá a las autoridades españolas para que exijan el cumplimiento de la normativa.
Querella
Los representantes de APDR manifestaron que al margen de que tendrán que consultar la posible demanda con sus abogados, son partidarios de iniciar otra querella por el supuesto incumplimiento de esta normativa. Entienden que todos los vertidos realizados a través del emisario submarino y amparados en esta normativa han sido "ilegales". De la misma forma Defensa da Ría también recurre en los tribunales la reciente ampliación del prórroga de la concesión a Ence durante sesenta años más.
