El grupo municipal de Marea Pontevedra se quedó ayer solo en su frontal oposición a que Portos de Galicia ejecute el demandado proyecto de dragado del río Lérez, que la Xunta tramita desde hace más de cinco años. Todos los demás grupos del Concello asumieron una propuesta del BNG para emplazar al gobierno gallego a acometer esa actuación a lo largo de 2017 y en una única fase, desde el puente de O Burgo hasta Placeres. Además, BNG, PP, PSOE y Ciudadanos, unieron sus votos para echar abajo la pretensión de Marea de desmantelar el puerto deportivo del Lérez, como "primer paso para recuperar la fachada litoral de la ciudad". Todos los grupos calificaron de "injusto" el trato que la formación rupturista aplica al Club Naval al reclamar la desaparición de sus instalaciones, una de las más perjudicadas por la acumulación de lodos y arrastres del río.

La ejecución del dragado a lo largo de unos cinco kilómetros del canal de navegación del fondo de la ría es una vieja demanda no solo del Club Naval, que ve como cada bajamar deja varadas parte de las embarcaciones amarradas en sus pantalanes, sino también de las cofradías de pescadores de Poio y Pontevedra, que reclaman que la obra sirva para recuperar viejos bancos marisqueros y regenerar otros. Pero después de más de cinco años de tramitaciones, cambios normativos, modificaciones de proyectos y estudios ambientales, las obras siguen sin comenzar, como recordó ayer el concejal del BNG Luis Bará.

El debate fue seguido en el Teatro Principal por directivos del Club Naval, que recordaron que en el pasado existían dragas permanentes en el río, para acometer estos trabajos de forma periódica, si bien desde 1999 no se acometen estos trabajos. El portavoz del PSOE, Agustín Fernández, logró añadir al acuerdo una petición de información sobre una pretendida estación marítima que la Xunta anunció en su día en As Corbaceiras, pero que ahora parece descartada.

Jacobo Moreira, portavoz del PP, se sumó a la petición de que ser agilice el trazado, si bien quiso recordar que "se trata de un proyecto con gran complejidad administrativa y con una burocracia excesiva", de ahí su gran retraso, si bien apostilló que esa sucesión de informes necesarios "tiene el objetivo de garantizar los mínimos efectos ambientales".

Pero la polémica llegó con una segunda propuesta sobre el río Lérez, la formulada por Luís Rei, portavoz de Marea, para que se desmantele el puerto deportivo. Rei subrayó que a lo largo de los años el Lérez ha sufrido rellenos y otras agresiones "con dos millones de metros cuadrados de ocupación propiciada por intereses particulares, que alteraron el curso natural del río", entre ellos, un recinto "destinado a yates de recreo". Marea se opone frontalmente al dragado por el riesgo de "remover lodos con mercurio y plomo solo para dar satisfacción a los propietarios de esos pocos yates", además de denunciar supuestos vertidos de combustible en las inmediaciones.

Todos los demás grupos se desmarcaron de plano de esta postura de Rei y su grupo. María Rey, de Ciudadanos, reprochó a Marea que "vea un problema donde no lo hay" y Agustín Fernández calificó de "injusta" la crítica al trabajo del Club Naval.

Pero más duros fueron Jacobo Moreira y, sobre todo, Luis Bará. El primero emplazó a la formación rupturista a "dejarse de populismos", mientras que el edil nacionalista llegó a decir que Marea "se sitúa fuera de la realidad" y "se comporta como unos extraterrestres que aterrizan en la ciudad tras años desaparecidos". Llegó a tildar su propuesta como "incongruente, contradictoria, alarmista, demagógica y manipuladora" por "extender infundios y mentiras" sobre el Club Naval. Desde Marea se le recordó al BNG la necesidad de "recuperar palmo a palmo la fachada litoral, empezando por la inadecuada ubicación del puerto deportivo" y citó expresamente el caso de Ence como otra batalla en el mismo sentido en la que sí está implicado el gobierno local.

Un aplazamiento de un mes

El pleno de ayer, que se prolongó unas cuatro horas, contaba con once propuestas de acuerdo y en la mayor parte de los casos el gobierno local logró salir airoso de las votaciones, incluida una referida a una conflictiva modificación de crédito que había sido rechazada un mes antes. Sin embargo, la sesión tuvo también su ya habitual "ración" de "pinza" contra el BNG, en la que toda la oposición en conjunto votó en contra del gobierno local, lo que le impidió aprobar el nuevo reglamento del Mercado de Abastos, adaptado a los nuevos usos que se pretenden en este edificio de la calle Sierra, especialmente en la planta alta, donde se proyecta un "espacio gastronómico" con nuevas autorizaciones.

Todos los grupos alertaron de que este cambio normativa se realizó "sin estar pactado con los vendedores", una acusación que negó el concejal del área, Vicente García Legísima, pero sí confirmaron algunas placeras que acudieron a la sesión. Agustín Fernández, portavoz del PSOE, fue el primero en pedir la retirada del borrador de reglamento, solicitud a la que se sumaron todos los demás. Fernández alegó que "hubo poco tiempo para analizar" un documento "que no está hablado con los vendedores". José Luis Martín, del PP, insistió en que "no pasa nada por aplazar este asunto treinta días" y reiteró que "no hubo diálogo" con el sector.

García Legísima aseguró que "sí se escuchó a los usuarios" y que la negociación con ellos "comenzó en julio de 2015, más el trabajo previo de la anterior concejala de Mercados", la socialista Carlota Román.

Añadió que "este año se elaboró un primer borrador a los vendedores, que presentaron sus alegaciones, aceptadas en buena parte". No obstante, se trataba en realidad de sugerencias, ya que el reglamento no se expuso todavía al público. En cambio, los portavoces del sector que acudieron a la sesión de ayer insistieron en que no fueron atendidas sus demandas, por lo que reclaman una "mesa de negociación" al respecto.

Según los datos aportados por el Concello, en julio pasado se recibieron escritos de alegación por parte de los dos colectivos de vendedores (Asociación del Mercado de Abastos de Pontevedra y Asociación de Profesionais da Praza de Abastos de Pontevedra) y firmadas por personas y grupos ajenos a ellas, con al menos cuatro escritos. Se quejan de que "nos escucharon, pero hicieron lo que ellos quisieron", en referencia al gobierno local. Los vendedores destacan, entre otros aspectos que "plantear la apertura obligatoria de la planta superior en horario de tarde sin el principal atractivo del mercado (pescado y marisco frescos de la planta baja) constituye un agravio comparativo entre unos comerciantes y otros y una más que probable carga económica para los de la planta alta".

También se quejan de no haber sido informados de las actividades periódicas que se celebran en ese espacio casi vacío, del sistema de concesiones y autorizaciones o de la pretensión de llevar a cabo traslados de puestos, entre otras peticiones. Finalmente, PP, PSOE, Marea y Ciudadanos unieron sus votos para forzar al BNG a retirar el asunto y reabrir el debate. El reglamento volverá a ser analizado antes de su hipotética aprobación inicial, cuando se abriría un plazo establecido de alegaciones.

Gestión pública del agua

Sí encontró en cambio el gobierno local el apoyo de un grupo, en este caso el PP, para evitar otra "pinza", referida esta vez a la privatización del servicio de agua, a tres meses vista de que concluya la actuación concesión. El asunto ya se debatió, y rechazó, hace dos meses, pero el PSOE lo intentaba de nuevo con una declaración "por el agua pública" que encontró el apoyo de Marea pero no del PP ni del BNG. mientras que María Rey (que estuvo un cuarto de hora acompañada por uno de sus hijos) optó por la abstención ante la falta de estudios sobre los efectos de esa "remunicipalización".