La investigación sobre el supuesto fraude de subvenciones y las posibles irregularidades contables es la más compleja de las tres iniciadas en el seno de la antigua Cámara. Por ello es también la que acumula un mayor retraso. De hecho, las denuncias de cinco de los trabajadores del ente y la investigación abierta por la Fiscalía ya ha concluido en el caso de la más antigua que era la que investigaba las irregularidades en los contratos de representación de la entidad en Brasil, al aceptar la entonces secretaria, Rosario Lorenzo, una pena de un año de prisión por un delito de cohecho.
Está pendiente de juicio en uno de los juzgados de lo Penal una segunda causa. El fiscal pide para el anterior presidente de la entidad, José Antonio Gómez Rivera; y para la entonces secretaria cameral Rosario Lorenzo, una pena de año y medio de prisión para cada uno por un delito contra la administración de Justicia al entender que los despidos de varios de los trabajadores que denunciaron las irregularidades fue una represalia contra ellos.
