El BNG ha puesto en marcha una campaña a nivel autonómico en defensa de una autopista pública y libre de peajes. "Queremos que termine esta estafa legal de los peajes, a través del rescate de concesión, de su transferencia a Galicia y de la supresión de los peajes", aseguran los trípticos que se han comenzado a repartir entre la población.

"La AP-9 es una vía fundamental para este país, porque vertebra la Galicia Atlántica y porque por ella pasan miles de coches diariamente, y supone un lastre para los sectores económicos que siga habiendo esos peajes tan abusivos", aseguró ayer la responsable comarcal del BNG en Pontevedra, Eva Villaverde.

"Creemos que es fundamental que la competencia se lleve desde la comunidad autónoma. Así lo hicimos en los últimos años, presentanto iniciativas en el Parlamento de Galicia y conseguimos que se aprobase una proposición de ley para pedir la transferencia de la AP-9, con la unanimidad de todos los grupos", recalcó. Sin embargo, tal y como informó, esta proposición fue derivada al Congreso de los Diputados, desde donde se contestó que "el Gobierno está en disconformidad por una serie de argumentos que no se sostienen". Entre estos argumentos, el Ejecutivo central asegura que este traspase supondría un aumento del presupuesto de Fomento, "cuando acaban de meter más de 8.000 euros, por ejemplo, en unas carreteras madrileñas ruinosas en las que se ha invertido para evitar las pérdidas de grandes constructoras y bancos, mientras que aquí hablamos de una autopista que ha generado más de 750 millones de euros", se lamentó Villaverde.

La AP-9, según los nacionalistas ha recaudado más de 2.200 millones de euros en peajes desde su apertura al tráfico rodado. "Está sobradamente amortizada y entendemos que es una falta de respeto que ni siquiera se permita el debate de un acuerdo unánime de la institución más importante de Galicia", indicó la diputada.

Según los datos que maneja la formación, 20.000 usuarios transitan a diario por la AP-9 y Audasa recauda más de 300.000 euros en peajes.

Entre las críticas del BNG figura la ampliación de la concesión por parte del Gobierno de José María Aznar hasta el máximo legal de 75 años, de modo que esta finalizará en el 2048.

Además de seguir trabajando en el Parlamento, el BNG ha preparado una moción para presentar en todos los concellos en los que el partido tiene representación y se encuentran afectados por la AP-9.

Asimismo, y de cara a visibilizar el problema entre la población, "se intentará llegar a la gente para explicarles que si se produce esa gestión, esa transferencia, las cosas podrían ser diferentes". La acción se llevará a cabo a través del reparto de folletos en la calle, que en el caso de Pontevedra comenzará esta tarde a partir de las 17.30 horas en la calle Benito Corbal.

El próximo lunes, 21 de noviembre, se celebrará un acto público en la Casa da Luz, a las 20.30 horas, en el que se contará con la presencia de Luis Bará.