13 de noviembre de 2016

Solo cuatro de cada cien indultos tramitados en Pontevedra prosperan y lo hacen parcialmente

El año pasado se tramitaron 153 medidas de gracia en la provincia - Ninguno fue concedido de forma total por el Gobierno - Un total de siete fueron atendidos pero solo en parte

13.11.2016 | 03:19
Una multa acabó salvando a Ana y Tamara de la prisión y no el indulto | Finalmente no fue un indulto sino un cambio en la legislación que permitió sustituir la pena de cárcel por una multa lo que evitó que Ana Vida y Tamara Outerelo acabaran en la cárcel. El indulto sigue pendiente de resolución por el Gobierno y de hecho, el actual ministro de Justicia ya comentó en la anterior legislatura que se había vuelto "innecesario" gracias a esta reforma legal.

Es una medida que siempre genera polémica. En algunos casos por su concesión. Otras en cambio por lo contrario, como sucedió recientemente en Pontevedra con el caso de las dos trabajadoras, Ana Vidal y Tamara Outerelo, que podrían verse en prisión como consecuencia de unos hechos ocurridos en el marco de una protesta sindical.

El indulto es siempre polémico no en vano otorga al Ejecutivo el poder de revocar una decisión de un órgano judicial, aunque normalmente se dicte siguiendo los dictámenes remitidos por la Fiscalía y los propios tribunales de justicia que previamente han impuesto la condena a revisar.

Pensado como una fórmula para subsanar situaciones en las que la ejecución de la condena sería contraproducente tanto para la inserción del propio condenado como para la propia sociedad, en Pontevedra el año pasado se tramitaron menos indultos de lo que venía siendo habitual. Concretamente, un 6,7% menos. Se presentaron un total de 153 solicitudes, lo que supone once menos que en el anterior ejercicio. Con todo, la Fiscalía señala en su memoria anual que se trata de una figura que sigue siendo muy utilizada por muchos condenados que tienen noticias de otras resoluciones favorables, en ocasiones, "difíciles de justificar" y que provocan una avalancha de solicitudes. "Todos los penados consideran su situación excepcional y merecedora de este beneficio", explican desde la Fiscalía, y eso hace que intenten solicitar la medida de gracia.

Sin embargo, son muy pocas, por no decir casi ninguna, las que fructifican. De los 153 indultos pedidos el pasado año en Pontevedra tan solo siete fueron concedidos y lo fueron parcialmente. Es decir, no se llegó a una anulación completa de la condena sino a una reducción o modificación en la misma que redujo los años de prisión o evitó la entrada en la misma. En ningún caso se produjo un indulto total. Esto es, solo cuatro de cada diez tienen cierto éxito y ninguno alcanzó el perdón absoluto por parte del Gobierno.

Aunque solicitan el indulto personas condenadas por prácticamente casi todos los delitos (hace años lo pidió un guardia civil que fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato de su pareja en Cambados y fue denegado), la mayoría lo son por delitos contra la seguridad del tráfico, especialmente por conducir bajo los efectos del alcohol. También hay condenados por violencia de género y por tráfico de drogas, algunos vendedores al menudeo que alegan haberse reinsertado y, años después de cometer los hechos, se deben enfrentar al juicio, a una condena y a su posible ingreso en prisión. No falta también quien lo solicita para intentar demorar la ejecución de la sentencia.

La Fiscalía destaca en su memoria que el pasado año fue un ejercicio en el que no hubo conflicto social por esta materia como sí ocurrió anteriormente precisamente por el caso de Ana y Tamara, derivado "de unos desórdenes públicos y daños acaecidos como consecuencia de una huelga".

La Fiscalía señala que, pese a que no hubo esta conflictividad, echan en falta cada vez que "nos enfrentamos a una petición de esta naturaleza" una "regulación más positiva de la institución, que nos permita valorar el juicio de equidad bajo un prisma mejor regulado".

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