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Las investigaciones por delitos urbanísticos crecen un 10% en un año por la colaboración de la APLU

Los expedientes que la agencia de la Xunta remite ahora de oficio son el origen de la mayoría de los casos que investiga la Fiscalía

06.11.2016 | 03:20
Derribo de un inmueble ordenado por la APLU en Raxó cuya finca hoy está ya recuperada. // Rafa Vázquez

Las últimas memorias de la Fiscalía Provincial de Pontevedra venían quejándose amargamente de ciertos problemas de comunicación entre el departamento encargado de perseguir los delitos medioambientales y urbanísticos del Ministerio Público y la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, organismo encargado de inspeccionar y velar por que se cumpla con la legalidad en materia de ordenación del territorio. Unos problemas que parecen superados a tenor del propio balance de la Fiscalía referido al pasado año.

En dicho análisis, la fiscal especializada en delitos urbanísticos, Natividad Gurriarán, explica que en 2015 la relación con la Xunta de Galicia y concretamente con la APLU, "se ha intensificado en buena medida". Explica que la Agencia de Protección da Legalidade Urbanística "ha remitido de oficio un elevado número de expedientes" y que, de hecho, ellos han sido "el origen de nuestras DIP (es decir, diligencias de investigación previas) en materia de ordenación del territorio".

El único pero, crítica que recoge en su memoria el Fiscal General del Estado, es que muchos de los expedientes remitidos "se referían a hechos muy antiguos, y por tanto las correspendientes diligencias se han tenido que archivar, dada la prescripción del delito". No obstante, señala que en la mayoría de los caso en que el delito no está prescrito, estas comunicaciones de la APLU han servido a la Fiscalía para tener conocimiento de los supuestos delitos y han acabado con la presencia de querella por parte del Ministerio Público.

"Esta colaboración supone un paso muy importante", señala la fiscal especializada, pero indica que "es imprescindible seguir manteniendo reuniones periódicas entre los fiscales delegados (en delitos urbanísticos) y la Agencia para que este avance no decaiga y para conseguir una eficaz colaboración".

Gurriarán explica que la Agencia, ahora sí, ya realiza de forma habitual los presupuestos de demolición y reposición que se le solicitan y que para el fiscal son imprescindible en los procedimientos judiciales ya que les permite solicitar al juzgado (y que este acuerdo) la fianza correspondiente al infractor para garantizar la ejecución de la sentencia que pueda imponerse y que suele incluir el derribo de la construcción ejecutada ilegalmente.

A lo largo del pasado año se han incoado en la Fiscalía de Pontevedra un total de 120 diligencias previas de investigación por delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Suponen un 10% que los 109 del año anterior y la gran mayoría de ellos (un total de 110) tienen que ver con delitos urbanísticos. También aglutinan la mayorías de las denuncias y querellas que acaba presentando el fiscal ante el juzgado. En este incremento de los delitos urbanísticos tiene mucho que ver esta colaboración de la APLU. Tras las críticas de la Fiscalía, la comunicación con la Agencia ya mejoró en 2014, detectándose un primer incremento de los delitos urbanísticos, que se consolida ahora en 2015 con una colaboración ya mucho más fluida. Este mayor número de acusaciones del fiscal se tradujo también en un incremento de más del 50% de los delitos urbanísticos que tramitaron los juzgados (de 26 de 2014 a 41 de 2015). También hubo muchas más sentencias pasando de 5 a 17 (trece de ellas condenatorias)

En cuanto a su distribución geográfica, la mayoría de las diligencias de investigación de la Fiscalía se abrieron en Pontevedra, un total de 67, frente a Vigo donde se incoaron 53, aunque cinco de las que se iniciaron en la ciudad del Lérez acabando siendo investigadas en la urbe olívica al referirse a hechos de su ámbito territorial.

Los delitos urbanísticos más comunes siguen siendo actuaciones contra la ordenación del territorio y especialmente prevaricaciones administrativas. En este sentido, la memoria de la Fiscalía destaca el peso que tienen las prevaricaciones cometidas por funcionarios públicos (con 41 delitos investigados) dentro de los delitos contra la administración de Justicia.

El derribo como atenuante

La Fiscalía vuelve a aludir en su memoria a que la principal dificultad sigue estando en lograr el derribo efectivo del inmueble cuya construcción supuso un delito urbanístico y una agresión a la ordenación del territorio. El año pasado se contabilizaron al menos diez derribos y desde el Ministerio Público se señala la importancia de tomar medidas desde el inicio del proceso para garantizar la reposición del terreno a su estado original. La imposición de las ya citadas fianzas es una de ellas, pero también la posibilidad de que se aprecie como atenuante muy cualificada a la hora de dictar sentencia (lo que reduce significativamente la pena impuesta) el hecho de que el acusado derribe el inmueble incluso antes de ser condenado. Esto se ha logrado ya el pasado año en tres ocasiones.

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