La amplia mayoría de los vecinos con propiedades cercanas a la carretera de Rebón no están a favor del nuevo proyecto de reforma del vial EP-0503 presentado la pasada semana por la Diputación de Pontevedra. Así lo dejaron de manifiesto en la reunión que ayer mantuvieron a pie de terreno con la alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro.

Para los afectados, la nueva propuesta del ente provincial no soluciona ninguno de los problemas de una carretera "muy estrecha, por la que pasan vehículos pesados y que resulta peligrosa al acoger también mucho tránsito de personas". Así la definía Celso Piñeiro, presidente de la Comunidad de Montes de O Pazo, A Pasada e A Bouza y afectado por la paralización de la adecuación del vial, pues su familia tiene "una vivienda justo pegada a la carretera".

Piñeiro aseguró que "los vecinos quieren una mejora verdadera del vial, no tener la misma. Queremos aceras y en el actual trazado es imposible construirlas, porque habría que tirar casas y muros". Por tanto, para el vecino la solución es "la variante para descongestionar el tráfico, porque la actual carretera tiene zonas que no se pueden anchear, como el punto en el que pasa al lado del pazo".

Mientras, Pilar Castro, que tiene propiedades parcelarias a ambos lados del vial, manifestó que "no era necesario cambiar el anterior proyecto". "Yo ya estaba de acuerdo con el que había. Ya estaba aprobado y simplemente estábamos esperando que no los construyeran la circunvalación".

Por su parte, José Luis Porto, que transita por la EP-0503 prácticamente todos los días para ir a Pontevedra, consideró que "los partidos políticos no pintan nada en esto". Para Porto, "está claro que esto es una guerra de partidos en la que los grandes perjudicados son los vecinos". "Considero que la postura de la alcaldesa es la lógica, pero ella está en la Diputación y tiene que exigir explicaciones para evitar este tipo de problemas", declaró.

Voces discordantes

La amplia mayoría de la treintena de vecinos se mostró conforme con comenzar las reuniones para exigir la rectificación del actual proyecto. Sin embargo, hubo voces discordantes como la de Diego Oliveira. Para el joven, "el plan anterior no cumplía con la legalidad. Si un nuevo gobierno llega a la diputación y se encuentra con un proyecto que puede conllevar imputaciones, lo lógico es que lo cambie". Oliveira señaló que lo necesario es que el ente provincial "se reúna con los vecinos y encuentre una solución de consenso".