La Audiencia Provincial acogerá la semana próxima un juicio contra un empresario que tenía su firma en el término municipal de Cotobade y que tenía como objeto la construcción y venta de viviendas prefabricadas. El fiscal lo acusa de estafa o bien de apropiación indebida y reclama una pena de 7 años de prisión, una multa para su empresa de 372.240 euros y que se indemnice a los dos afectados con 20.000 y 73.000 euros.
Según el fiscal, el acusado suscribió con una pareja un contrato para la compra de una casa prefabricada por un precio que se pactó en 72.200 euros y que los afectados tenían previsto ubicar en Mourente. Pese a que recibió el precio convenido el acusado, según el fiscal, nunca construyó la casa ni tuvo "intención de hacerlo" dado que no llegó a encargar el material necesario para la construcción de la vivienda.
En noviembre de 2013 realizó otro contrato con otro afectado para instalar una vivienda de madera en Campo Lameiro entregando la víctima 20.000 euros que el acusado nunca le devolvió a pesar de que tampoco construyó la vivienda. El afectado exigió al acusado la devolución del dinero, y este le entregó cuatro pagarés por valor de cinco mil euros cada uno que la víctima no pudo llegar a cobrar por falta de fondos en las cuentas del emisor.
