La concejala de Urbanismo se refirió ayer a otro asunto que afecta a su departamento, la sentencia del Tribunal Constitucional que anula diversos artículos de la ley estatal sobre inspección técnica de edificios, en la que se basa la ordenanza municipal que se aplica desde abril de 2015 para exigir a más de 700 edificios con 50 años de antigüedad o más que presenten un certificado de seguridad y condiciones de seguridad.

Mientras la asociación Apripon de propietarios de inmuebles sostiene que esa sentencia -derivada de recurso de la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias autonómicas- no exime a las comunidades de presentar ese certificado ni de la obligación de superar esas ITV de edificios, el gobierno local no las tiene todas consigo y analizará el asunto en la comisión de Urbanismo del próximo jueves.

Hace unos días, cuando se tuvo constancia de la sentencia del Constitucional, ya se adelantó desde el Concello que se solicitarían informes técnicos al respecto. Ya se dispone al menos de uno de ellos, que apunta a que ese fallo judicial no afectaría a la ordenanza municipal, pero la intención del gobierno local es que sea la Xunta la que se pronuncie, ya que le corresponde al ejecutivo gallego elaborar una ley autonómica al respecto. La Xunta ya ha decidido paralizar temporalmente tanto las posibles inspecciones como la elaboración de una norma específica hasta determinar el alcance de la citada sentencia.

En la comisión del jueves la intención es establecer los "términos exactos en los que se solicitará ese informe, que debe ser muy preciso ya que las inspecciones implican costes para los propietarios y debemos contar con plena seguridad jurídica" en la ordenanza municipal", según explicó ayer Da Silva.