La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que se encarga de tramitar los expedientes sobre infracciones en Galicia y decreta la mayor parte de órdenes de derribo de edificaciones ilegales, tiene contabilizadas en la provincia de Pontevedra este año un total de 64 demoliciones ya ejecutadas y sus estadísticas señalan que en el 90% de los casos, estas tareas son asumidas voluntariamente por los propios infractores, con lo que evitan un proceso de ejecución subsidiaria encargada por la propia APLU y que después carga sobre los propietarios.

Aunque la Axencia no dispone de datos concretos sobre el índice de obediencia de sus órdenes en la comarca, sí dispone de un listado con todas las órdenes cumplidas, en uno u otro caso, en Pontevedra y los trece municipios de su área de influencia. Hasta el momento son quince las demoliciones ya ejecutadas, desarrolladas en nueve municipios: A Lama, Caldas de Reis, Cuntis, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo y Vilaboa. Solo se libran, hasta el momento, Pontevedra, Cotobade, Portas, Barro y Campo Lameiro. En el resto de la comarca son 49 las órdenes ya cumplidas hasta ahora en municipios como Redondela y Bueu (que encabezan el listado provincial con 8 y 7 casos respectivamente), Cangas (6), Cambados (4), Vigo (3), Vilagarcía de Arousa (3), Gondomar (2), Moaña (2), Nigrán (2), O Grove (2), O Rosal (2), Tui (2), y un caso en los siguientes concellos: A Illa de Arousa, Baiona, Ponteareas, Salvaterra, Tomiño y Vilanova de Arousa.

En la comarca de Pontevedra, el municipio que encabeza el ránking es Sanxenxo, con cinco casos, que afectan desde viviendas unifamiliares a galpones y construcciones en zona de servidumbre. En anteriores ocasiones se han decretado demoliciones de chiringuitos de playa e incluso de autocaravanas. Con tres órdenes aparece Marín, de modo que entre ambos concellos se acumulan la mitad de los derribos impulsados por la APLU. En A Lama, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Poio, Ponte Caldelas y Vilaboa se registra un decreto en cada caso.

Es precisamente en Vilaboa donde mayor tensión han generado los expedientes de la APLU, ya que son varias las casas amenazadas por la "piqueta", en parte debido al retraso de la aprobación del Plan de Urbanismo.