La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha incluido a Pontevedra en su plan de inspecciones del periodo 2016-2017 y técnicos de este departamento de la Xunta han iniciado ya estos trabajos en las parroquias pontevedresas. Las revisiones tienen el objetivo de localizar edificaciones sin licencia, no adaptadas a la normativa o que presenten otras características incompatibles con la construcción en el rural. La concejala de Urbanismo, Carmen da Silva, ha aclarado que esta campaña no está realizada por el Concello, después de recibir numerosas quejas de vecinos afectados, que temen que este proceso acabe en sanciones o incluso con órdenes de demolición.
El plan de trabajo de la APLU para estos dos años se publicó en agosto pasado y tiene el objetivo oficial de "evitar que se lleven a cabo obras, instalaciones o usos que contravengan la normativa urbanística", si bien en el caso de Pontevedra únicamente se refieren al rural. Entre los criterios para seleccionar a los municipios investigados la Axencia da prioridad a aquellos territorios que "no fueron inspeccionados en los últimos tres años", los costeros o por lo que transcurra algún camino a Santiago, criterios que reúne Pontevedra. También se hace especial hincapié en los concellos que están integrados en la APLU, si bien la capital no cumple esa condición. En la provincia, sí firmaron convenios con esta departamento al menos 11 municipios, entre ellos los de Barro, Caldas, Cuntis, Moraña y Vilaboa.
