Octubre va camino de convertirse en un mes clave para las investigaciones abiertas a raíz de la Operación Patos que afectan a la ciudad de Pontevedra y concretamente al Concello, dado que dos de los tres expedientes en marcha actualmente afectan directamente al ayuntamiento. Un tercero se centra en adjudicaciones de la delegación territorial de la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia. Había una cuarta pieza separada en los juzgados de la capital que investigaba una subvención otorgada a Ence para una obra que finalmente fue archivada.
Y es que si el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra tenía previsto tomar declaración este mes a varios técnicos en calidad de imputados en dos de estas piezas separadas de la Patos (la que investiga las adjudicaciones a Eiriña por parte del Concello y las adjudicaciones de esta delegación territorial de la Xunta) fuentes de la Fiscalía confirmaron ayer que también están previstas para "finales de este mes" varias declaraciones relacionadas con el caso conocido como de los supuestos "enchufes" en Cespa. Un asunto que llegó a ser sobreseido judicialmente pero que, tal y como adelantó FARO en su edición del sábado 15 de octubre, fue reabierto poco después tras un cambio de criterio por parte del juzgado de instrucción, según confirmaron fuentes del TSXG.
Desde la Fiscalía corroboraron que el caso está vivo y que de hecho ya se han practicado nuevas diligencias con, al menos, la recepción por parte del órgano judicial de dos nuevos informes por parte de la Policía Nacional.Lo que no trascendió es la identidad y los cargos de las personas que van a tener que declarar ante la juez sustituta del juzgado de instrucción número 2, al encontrarse el magistrado titular de permiso.
Cabe recordar que, en aquel auto de archivo provisional, el magistrado ya solicitaba a la Policía Nacional que requiriese a la Seguridad Social información sobre las personas que aparecen en la lista como posibles contrataciones por parte de Cespa (y que aparecen asociadas a un supuesto "mentor" entre los que estarían desde políticos como el alcalde y un concejal a puestos sin relevancia en el organigrama municipal como un vigilante del mercado) y si efectivamente estuvieron contratadas por la concesionaria del servicio de basura y limpieza. También pedía que intentasen identificar al autor del citado documento y el objeto del mismo. Quizá las declaraciones señaladas por el juzgado tengan este mismo objetivo.
Estas declaraciones se suman a las que ya trascendieron de técnicos municipales que deberán comparecer por las adjudicaciones a la empresa Eiriña, situada en el epicentro de la Operación Patos.
