La abogada pontevedresa Ana María Castro forma parte del grupo de profesionales que cada jueves se traslada gratuitamente hasta la prisión de A Lama para ayudar a las personas con capacidades diferentes que se encuentran en la cárcel. Sobre esta experiencia y los derechos de este colectivo habla en un seminario que se desarrolla hasta el 22 de noviembre en el centro asociado de la UNED en Pontevedra.
-¿Por qué este seminario?
-Es muy importante su celebración porque lo que intentamos llevar a cabo es la divulgación de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad en el entorno penitenciario. Se están incumpliendo los postulados de esta convención, que es internacional y de obligado cumplimiento. Las personas con discapacidad, en concreto las que tienen una discapacidad intelectual o una enfermedad mental están bastante abandonadas en los centros penitenciarios. La sociedad debe entender y aprender que existe una legislación que apoya a estas personas.
-¿Cuál es el mensaje de esta convención?
-La convención es el instrumento más importante que existe para la defensa de las personas con discapacidad en general. Como interfiere en todos los ámbitos, también se refiere a las que están en prisión. Se basa, más que nada, en el principio de igualdad. Está firmado por más de 200 países de todo el mundo. Por ejemplo, una persona con enfermedad mental en prisión tiene los mismos derechos que una que está fuera en cuanto al ámbito sanitario. Tiene derecho a que se le prescriban los mismos medicamentos. Tenemos algunos problemas, por ejemplo, con la tuberculosis, la Hepatitis C, el VIH, una serie de dolencias que en prisión tienen bastante incidencia.
-¿Qué prevalece más en prisión, el número de personas con capacidades diferentes físicas o mentales?
-Se considera que todos los que tienen una dolencia como la tuberculosis, la Hepatitis C o el VIH tienen un discapacidad física. Por otro lado, hay muchos con enfermedad mental y discapacidad intelectual, que es la discapacidad psíquica. Creemos que estos últimos no tienen que estar cumpliendo su condena en prisión porque pudieron haber cometido el delito durante un brote psicótico y con una serie de tratamientos farmacológicos pueden estar estables. Lo que necesitan es que alguien les controle o apoye.
-¿Cuántos hay en la prisión de A Lama?
-En esto tenemos un problema añadido, que es la cuantificación y detección de estas dolencias. Muchos de los reclusos que ingresan en A Lama, o en cualquier otra prisión, no tienen detectada una discapacidad, aunque nos parezca increíble. No se detectan los casos durante el procedimiento penal, durante la vista, entonces esas ingresan y allí son sometidos a unos protocolos para que se puedan detectar. Por ello, no creo que se puedan cuantificar. Pueden pasar meses hasta que sea detectada esa discapacidad por un funcionario de prisiones. Nos parece monstruoso que durante todo un procedimiento penal tan largo nadie se dé cuenta, y esto ocurre porque no hay especialización de los operadores jurídicos: jueces, abogados, fiscales...
-¿Dónde deberían ingresar entonces las personas con una enfermedad mental?
-Eso es algo que no se ha resuelto todavía porque hay muy poquitos centros. Algunas asociaciones, sobre todo ONGs, se dedican a intentar intervenir de forma gratuita con estas personas mediante mecanismos jurídicos para que salgan del medio penitenciario, que solo es perjudicial para ellas. Lo más importante es que cuando acaben de cumplir su condena se puedan reinsertar en la sociedad sin que sin condición sea un lastre.
-Será una reinserción muy complicada...
-Mucho. En algunas prisiones hay algún programa pero es muy difícil porque en los centros penitenciarios hay muy poquitos medios, igual que en la sociedad en general. El problema es que son personas que pertenecen a capas muy bajas de la sociedad, con pocos ingresos, pertenecientes a familias desestructuradas. En muchas casos, el consumo de drogas va asociado a una enfermedad mental o una discapacidad. Eso, en conjunto, es una bomba de relojería.
-¿En qué lugar nos encontramos en el cumplimiento de la convención?
-Hay un incumplimiento en general, incluso en el ámbito civil. La convención nació en 2006 en Nueva York, pero se siguen incumpliendo las normas.
-¿En esto, como en otros ámbitos, las mujeres salen más perjudicadas?
-Les perjudica mucho por la cuestión de la maternidad, porque pierden muchos derechos. El hecho de estar en prisión es un hándicap terrible, pero por ser mujer más aún.
