La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acudió ayer a Pontevedra para presentar una de las primeras iniciativas de su grupo parlamentario, que se centrará en una serie de medidas sobre la movilidad. Entre ellas, que Galicia tenga las competencias en materia de seguridad viaria y que gestione todas las infraestructuras viarias "para poder hacer una política integral que tenga en cuenta cual es la realidad de nuestro país".
Asimismo, el grupo parlamentario del BNG pedirá una modificación de la Ley de Carreteras "para que cambie sus prioridades", situando a las personas por encima del resto de formas de transporte, y harán especial hincapié en la conservación de las carreteras "eliminando los puntos negros" que hay, sobre todo "en vías de titularidad estatal".
Acompañada de los alcaldes de Barro, Xosé Manuel Abraldes; de Poio, Luciano Sobral, y del regidor de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, junto a buena parte del gobierno local pontevedrés y del grupo parlamentario del BNG, Ana Pontón ha elegido como muestra de las políticas que quiere poner en marcha su formación el mirador sobre la ría en el Paseo de Marín, una zona donde se ha dado prioridad al tráfico peatonal y a las bicicletas sobre el vehículo privado.
"Uno de los objetivos de la próxima legislatura tiene que ser la puesta en marcha de un nuevo modelo de movilidad sostenible y de seguridad vial", aseguró la portavoz del BNG.
Pontón ha reconocido los avances logrados en los últimos años pero mostró su rechazo a las cifras "preocupantes" que en esta materia presenta Galicia con un "nivel muy elevado de mortalidad", algo que "se puede evitar" con el cambio de modelo.
Según ha indicado la portavoz del BNG, en el último año el índice de siniestralidad en Galicia se ha incrementado un 17%. "Eso quiere decir que el modelo no está funcionando", ha aseverado.
Entre otras cifras, Pontón también apuntó que cada año mueren en las carreteras gallegas unas cien personas, con un número muy importante de personas afectadas.
Estos siniestros suponen unos 1.000 millones de euros en pérdidas, un 2% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego y repercute en aspectos como el encarecimiento de los seguros, ha explicado.
