La misma reacción ahora que en abril, cuando se dictó el archivo provisional del caso: "No hay nada que ocultar" y "plena tranquilidad". La reapertura de las investigaciones judiciales alrededor de supuestos "enchufes" en la empresa Cespa en la que concejales y funcionarios del Concello habrían actuado presuntamente como mediadores, no altera la vida municipal. Así lo apuntó ayer el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, el edil que sigue más de cerca las vicisitudes municipales en los juzgados.
Estas pesquisas judiciales y policiales por supuestos "enchufes" en la empresa concesionaria de limpieza forman parte de la "Operación Patos" que se abrió en un jugado de Vigo y que, con varias piezas separadas, referidas a Pontevedra, pasó a después a dos órganos de la capital. En marzo pasado, el de instrucción número 2 decretó el archivo provisional del asunto, si bien con instrucciones a la Policía para que aportara alguna prueba más, aparte de una hoja requisada en su día en las oficinas de la empresa con nombres de supuestos "enchufados".
Vicente García Legísima explicó ayer que agentes policiales acudieron hace meses -"antes del verano", según su versión y siempre después de aquel archivo provisional- a los servicios municipales para recabar documentación al respecto. "Se les entregó lo que pidieron" pero desde entonces el Concello no volvió a tener noticias sobre este asunto. De hecho, el gobierno local no fue informado de la reapertura de las investigaciones y desconoce las razones para ello.
Tras aquel primer archivo, el gobierno local subrayó su "tranquilidad" en torno a este asunto y a otros relacionados con la "Operación Patos", entre ellos la adjudicación a la empresa Eiriña de contratos de reformas de calles como la avenida de Lugo y Santa Clara y unas obras en Salcedo. "No tenemos nada que ocultar", decía en abril la teniente de alcalde Carmen Da Silva.
El concejal de Régimen Interior y Personal reiteró ayer esa posición e hizo referencia a las propias pesquisas internas puestas en marcha en aquel momento por el Concello, con el fin de determinar la "política de contrataciones" de Cespa, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura desde 1997. El juez instructor de aquel expediente de investigación fue el propio García Legísima, que ayer explicó que "yo personalmente revisé contratos de la empresa de cinco años atrás y no encontré nada sospechoso".
E todo caso, aquella investigación interna apenas pudo avanzar mucho más por la "falta de colaboración" de la empresa, ya que su responsable en la ciudad desoyó dos peticiones municipales de comparecencia alegando que el asunto ya era objeto de análisis judicial. Por ello, en junio pasado se cerró el expediente interno con dos sanciones de 3.000 y 6.010 euros a Cespa pero sin resultado alguno acerca de su política de contratación de personal. Las multas fueron por "incumplir de forma clara y patente la obligación que se incluye en el contrato con el Concello de suministrar información para tener conocimiento actualizado del servicio". El Concello admitió entonces que, tras este asunto, las relaciones del Concello con Cespa no atravesaban su mejor momento, y se limitan a la mera "relación contractual", una relación que vence, además, en junio próximo.
