Las portavoces municipales de PSOE (Luz Santiago), BNG-AA (Pilar Blanco) y Marea Veciñal (Sandra Pesqueira) de Marín, firman un manifiesto conjunto en el que declaran que el contrato de la limpieza, modificado por el gobierno local, "demuestra que fijar una plantilla mínima es perfectamente legal", algo que inicialmente negaba la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

"A pesar de las declaraciones triunfalistas de la alcaldesa, debemos advertir que durante estos días previos al pleno ordinario de octubre, a celebrar el día 19, estudiaremos detenidamente el nuevo documento que nos fue entregado el viernes pasado", explican. En ese análisis "nos aseguraremos de que los costes de explotación no sean inferiores al coste de los salarios anuales de la totalidad de la plantilla, de que se valoren los medios personales, y de que el nuevo contrato tome como base para determinar los costes de explotación los valores medios del sector, y que determine el coste anual por categorías indicando la función profesional, el número de trabajadores, y el salario anual con sus especificidades correspondientes". Además "seguiremos insistiendo en que el centro de trabajo se sitúe dentro de los límites geográficos del municipio de Marín", añaden.

En cuanto al nuevo precio del contrato y tasa de la basura, los grupos de la oposición recuerdan que "queda por ver si esta nueva contratación, más cara para el Concello, supondrá o no una mejora en el servicio y cuáles van las ser las consecuencias para los vecinos de Marín que son los que, directa o indirectamente, pagan la recogida, transporte y tratamiento de los residuos", expone el comunicado conjunto.

Los grupos de la oposición subrayan que la alcaldesa ha modificado el contrato de la recogida de la basura después del pleno extraordinario solicitado por el PSOE, BNG y Marea Vecinal.

Recuerdan en este sentido que el pleno extraordinario celebrado el pasado 29 de septiembre, a solicitud de los grupos de la oposición, "obligó al gobierno local del PP a modificar los pliegos que regirán la reprivatización de la recogida de la basura en Marín, de modo que, ahora sí, establecerán una plantilla mínima de 16 trabajadores".

Pleno

El pleno en el que se debatió la moción conjunta de los tres grupos con la comparecencia del representante de los trabajadores (presentes en el salón de plenos), marcó el punto de inflexión que estos esperaban en las negociaciones iniciadas, desde hace más de un año, con el grupo de gobierno "y que hasta ahora habían sido negativas".

"Y es que el gobierno del PP rechazó siempre las propuestas referidas al empleo y los salarios, manifestando, por boca de la alcaldesa, que establecer una plantilla mínima no era posible por ser perfectamente ilegal, cerrando así la puerta a la modificación de los pliegos", exponen los grupos de la oposición.

Estas negativas de la alcaldesa provocaron que los trabajadores recurriesen a los grupos de la oposición para hacer presión, con el objetivo de conseguir que sus reivindicaciones fueran escuchadas por quien tenía en su mano recogerlas en los pliegos de la nueva adjudicación.

"Ahora, después de meses viviendo en la incertidumbre del futuro de su puesto de empleo, y de la presión ejercida por nuestros grupos, se demuestra que los intereses de los trabajadores son legales y garantizarlos solo depende de que haya voluntad política. Algo que el PP demostró no tener", critican las portavoces de PSOE, BNG y Marea.

"Estaremos muy atentos a todo lo que pueda pasar, porque los hechos demuestran de lo que es capaz el PP", concluyen.